CSIF reclama su contratación indefinida para labores de gestión y recaudación que hoy cubren empresas privadas, con un coste de 9 millones a las arcas públicas
Un total de 900 personas comienzan a trabajar desde hoy en toda España para la Agencia Tributaria, ayudando a los ciudadanos a confeccionar su declaración de la renta mediante el Programa Padre.
Se trata de un colectivo de trabajadores y trabajadoras en precario, fijos-discontinuos (trabajan de manera temporal los dos meses que dura la campaña), con una antigüedad de hasta 15 años y un sueldo de 1.000 euros.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama a la Administración que consolide el empleo de estas personas, con un concurso-oposición que permita convertir en indefinidos estos contratos.
CSIF considera que estos trabajadores podrían incorporarse a la plantilla de la Agencia Tributaria en labores de gestión, recaudación y lucha contra el fraude. Se da la circunstancia de que muchas de estas tareas están hoy privatizadas a empresas que prestan servicios de información tributaria básica, confección de borradores, o en el programa de citas, con un coste anual para las arcas públicas de 9 millones de euros.
De hecho, ya se consiguió consolidar el empleo a 100 fijos-discontinuos de Madrid y Barcelona, si bien, con la llegada de la crisis y los ajustes realizados sobre las plantillas, se frenó este proceso.
CSIF asimismo reclama que se reconozca la antigüedad a este colectivo por tramos anuales y no únicamente los dos meses que trabajan, tal como reconocen ya varias sentencias ganadas por nuestro sindicato, poniendo fin a su discriminación.
Estamos convencidos de que muy pocos contribuyentes saben que tras atender la enorme carga de trabajo de la Campaña de la Renta este colectivo volverá a sus casas sin empleo hasta la campaña de Renta del año que viene, a pesar de que su contrato no se extingue y a pesar de haber superado una oposición de consolidación como fijos-discontinuos en el año 2008. Esto ocurre, mientras muchos servicios de atención al contribuyente se externalizan supuestamente por la falta de personal y para ahorrar costes.
CSIF llama también la atención sobre el hecho de que muchos de estos servicios reciben numerosas quejas de asociaciones de PYMES y de Autónomos por su falta de calidad.
Su contratación indefinida supondría asimismo un ahorro importante al erario público y además sería lo más ético, teniendo en cuenta su alta especialización, que están integrados, formados y tienen una experiencia laboral demostrada desde hace años.
La única solución, por tanto, pasa por la renovación contractual a tiempo total contemplada en su Convenio Colectivo, solicitada por la Agencia Tributaria, si bien pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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