El sindicato estudia acciones legales para garantizar la seguridad en los escritos, tanto de jueces como del resto de los funcionarios
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Administración de Justicia, estudia acciones legales para garantizar la seguridad y el anonimato de los funcionarios de este ámbito, en los escritos que se tramitan por los medios informáticos de gestión procesal.
CSIF apoya las quejas y reclamaciones de las asociaciones de jueces, que han solicitado garantías para que no figuren los datos personales, tales como el DNI o el nombre, de los jueces y magistrados en las resoluciones judiciales que dictan electrónicamente.
Eso sí, CSIF considera que estas medidas deberían aplicarse a todos los funcionarios, que por ley están obligados a utilizar los medios informáticos de gestión procesal, y no solo a los jueces, desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero del sistema LexNet. Una opción podría pasar por el uso de números de identificación, en vez del nombre, tal y como sucede con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
CSIF viene alertando desde hace tiempo sobre la falta de protección de los funcionarios que tramitan los procedimientos y el riesgo existente para su propia seguridad física, especialmente en el orden penal, teniendo en cuenta que estos datos personales se facilitan a los procuradores y por tanto pueden acceder a los mismos los propios condenados, con los riesgos para la seguridad que puede entrañar.
Como consecuencia del tipo de trabajo que realizamos y teniendo en cuenta los usuarios con los que nos relacionamos diariamente en nuestros órganos judiciales (investigados, detenidos, procesados, condenados por todo tipo de delitos, delincuentes comunes, incluso entidades bancarias, de seguros, etc…), los datos del personal de la administración de justicia, sin excepción, son más que sensibles y su publicidad puede comprometer gravemente nuestra seguridad.
Este problema de falta de protección de datos afecta al uso de lexNET y a algunas de las plataformas de gestión procesal entre las que destaca Minerva, gestionada por el Ministerio de Justicia. Si, como dicen los jueces y magistrados, no es admisible que sus datos figuren en las resoluciones que dictan, mucho menos tienen que figurar los datos personales de quienes no dictan esas resoluciones pero se encargan de su tramitación y comunicación.
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