CSIF denuncia ante la Dirección General de Justicia que siguen apareciendo los datos personales (nombre, apellidos y DNI) de los trabajadores en las notificaciones que realizan
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha remitido un escrito a la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid en el que denuncia que los datos personales de los funcionarios de justicia de la región aparecen en todas las notificaciones que realizan a través del sistema de comunicaciones implementado en nuestros órganos judiciales.
Cualquier comunicación realizada a través del sistema integrado en GPRO aparece con el nombre, apellidos y DNI del empleado público que realiza el envío. Desde CSIF consideramos que esto vulnera la Ley de Protección de Datos, ya que los funcionarios de la Administración de Justicia, en este caso de la Comunidad de Madrid, no actúan en su propio nombre al efectuar dichas notificaciones, sino que se limitan a trasladar una resolución del órgano judicial en el que desarrollan su actividad.
En CSIF entendemos que dichas notificaciones deben ser firmadas únicamente por el juez y/o letrado de la Administración de Justicia y no por el funcionario que las tramita, por lo que anuncia que, de no resolverse esta situación a la mayor premura, emprenderemos las acciones judiciales que consideremos oportunas.
Como consecuencia del tipo de trabajo que los funcionarios de justicia realizamos, y teniendo en cuenta los usuarios con los que nos relacionamos diariamente (delincuentes, investigados, detenidos, procesados…), nuestros datos personales son más que sensibles y su publicidad puede comprometer gravemente nuestra seguridad. No podemos olvidar que, tal y como hemos denunciado ya en algunas ocasiones, es habitual observar trifulcas, agresiones físicas y verbales dirigidas a los funcionarios de la Administración de Justicia por parte de algunas de las personas que acuden a nuestras sedes judiciales.
Por eso, CSIF exige a los responsables de la justicia de nuestra región que adopten cuantas acciones técnicas sean necesarias para que no se refleje nuestra identidad en los actos de comunicación realizados a través de GPRO y LexNET o cualquier otra herramienta informática, garantizando así la protección de nuestros datos de carácter personal y en consecuencia nuestra seguridad.
En este sentido, la directiva europea de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, señala que "para incrementar la confianza de los usuarios en la comunicación y el comercio electrónicos, los proveedores de servicios de certificación deben observar la normativa sobre protección de datos y el respeto de la intimidad".
La Ley 59/2003 de firma electrónica, establece la posibilidad de que los certificados reconocidos incluyan como dato de identidad del firmante un seudónimo que conste como tal de manera inequívoca, con lo cual, no hay excusa para no vincular nuestra firma electrónica a un número profesional que nos identifique, tal y como ocurre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, desde CSIF hemos planteado a la Dirección General de Justicia como solución, al igual que hicimos en las últimas reuniones del grupo de seguimiento de LexNET en el Ministerio de Justicia, que implemente una firma electrónica de órgano que sustituya las actuales tarjetas criptográficas de firma electrónica personal.
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