23 de Mayo de 2017
El responsable de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, Joan Escanilla aseguró hoy en el Parlament de Catalunya que esta organización defenderá a los empleados públicos que se vean en la situación de acatar una orden de carácter inconstitucional por parte de la Generalitat, en el marco del proceso soberanista.
En su comparecencia ante la Comisión de Gobernación y Función Pública del Parlament de Catalunya, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, trasladó los mensajes de preocupación que ha recibido el sindicato por parte de empleados públicos que prestan sus servicios en esta comunidad autónoma, tanto de la Generalitat, como de la Administración General del Estado ante las últimas informaciones publicadas en medios de comunicación y las reiteradas manifestaciones por parte del Gobierno catalán sobre sus planes nacionalistas.
“A lo largo de los últimos años, después de haber sido el colectivo que más recortes ha sufrido en nuestras condiciones laborales, retribuciones etc, por no hablar de los recortes que han sufrido los ciudadanos en sus servicios públicos, ahora además nos enfrentamos a una situación que nos genera una grave inseguridad jurídica”, destacó.
“A lo largo de los últimos años, después de haber sido el colectivo que más recortes ha sufrido en nuestras condiciones laborales, retribuciones etc, por no hablar de los recortes que han sufrido los ciudadanos en sus servicios públicos, ahora además nos enfrentamos a una situación que nos genera una grave inseguridad jurídica”, destacó.
Escanilla, lanzó un mensaje de tranquilidad, tras las reuniones mantenidas entre el sindicato y la vicepresidenta del Gobierno y ayer mismo con el delegado del Gobierno, en el sentido de que el Estado dará amparo a los empleados públicos que se actúen dentro del ordenamiento constitucional, frente a presiones de la Generalitat.
Sobre este asunto, la posición de CSIF es que la primera obligación del empleado público, en cualquiera de las Administraciones en las que ejerza su función –estatal, autonómica o local— es la lealtad constitucional y el debido acatamiento al ordenamiento jurídico vigente: la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Según dijo, los empleados públicos, como consecuencia de este proceso pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales. En este sentido, CSIF, en defensa de los intereses de los trabajadores, no va a consentir que se vea afectada la seguridad jurídica, ni las condiciones laborales, en definitiva que se ponga en peligro la carrera y el puesto de trabajo de un empleado público como consecuencia de una decisión política.
“Y desde luego, no vamos a permitir que se ejerza ningún tipo de presión o coacción contra un empleado público por el hecho de situarse en el orden constitucional. Nos van a tener enfrente”, recalcó.
CSIF cuenta con un protocolo ante este tipo de situaciones y ofrece sus servicios para asesorar, amparar y en su caso tomar las actuaciones jurídicas que sean necesarias para proteger la seguridad jurídica de los empleados públicos ante una orden de dudosa legalidad.
“Y desde luego, no vamos a permitir que se ejerza ningún tipo de presión o coacción contra un empleado público por el hecho de situarse en el orden constitucional. Nos van a tener enfrente”, recalcó.
CSIF cuenta con un protocolo ante este tipo de situaciones y ofrece sus servicios para asesorar, amparar y en su caso tomar las actuaciones jurídicas que sean necesarias para proteger la seguridad jurídica de los empleados públicos ante una orden de dudosa legalidad.
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