El sindicato y la Delegación del Gobierno analizan y el decreto que impondrá el uso del valenciano en la Administración Pública
19 de Mayo de 2017
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, se reunió hoy con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues para analizar las consecuencias de la política lingüística impulsada por el Gobierno de la Generalitat.
En esta entrevista, el máximo responsable de la central sindical y el delegado del Gobierno intercambiaron impresiones sobre las recientes iniciativas impulsadas por la Generalitat y coincidieron en la defensa de la legalidad y la seguridad jurídica de empleados públicos y de la ciudadanía en general, frente a los abusos que puedan producirse en este ámbito.
En concreto, abordaron la reciente aprobación del decreto de usos institucionales y administrativos del valenciano, anunciado por el Consell sin negociación previa con los sindicatos.
Esa normativa altera las condiciones laborales de los empleados públicos, pues les obliga a redactar sus comunicaciones en valenciano y a dirigirse al usuario primero siempre en la lengua autóctona, a pesar de que también el castellano es oficial.
En cambio, exime de esa obligatoriedad a los cargos públicos. Los servicios jurídicos del sindicato analizarán esta norma en cuanto se publique y presentarán recurso en el caso de que vulnere los derechos de los empleados públicos.
El presidente nacional de CSIF también trasladó sus dudas sobre el decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüístico educativo. El sindicato lo ha recurrido y el TSJ ya ha reconocido, en un primer auto, su legitimación para interponer recurso. La central sindical argumenta vulneración del derecho a la igualdad y trato discriminatorio para aquellos centros que opten por el nivel básico, cuyos alumnos no obtendrán certificación en inglés.
Borra expuso igualmente el recurso interpuesto por CSIF, y admitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra la Generalitat, después de que representantes del sindicato fueran obligados a abandonar una reunión a la que habían sido citados. En esta convocatoria, la Conselleria acordó la imposición del requisito lingüístico en Administración del Consell, tal como había pactado con tres sindicatos, en lugar de aplicarlo como mérito, medida que reclama la central sindical.
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