15 de Junio de 2017
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) debe a sus empleados un millón de euros en concepto de las cantidades adeudadas en el sistema de desarrollo profesional. El presidente de esta entidad pública, Pablo Zabala, ha instado a los empleados “a negociar alternativas creativas”, pero no ofrece soluciones para hacer frente al total de la deuda acumulada ni sobre los derechos adquiridos por los trabajadores.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia esta situación y advierte de que llevará a cabo movilizaciones si no se da una respuesta a las reivindicaciones de la plantilla.
El problema obedece a que la CECIR (Comisión Interministerial de Retribuciones) dejó de dotar desde 2014 el 1% que hacía viable el sistema y concede sólo un 0,2% del presupuesto lo que no cubre de ninguna manera las necesidades del programa para ejecutarlo. Hay trabajadores a los que se les debe hasta 24.000 euros, algunos de los cuáles lo han ganado por sentencia judicial y, sin embargo, el ICO ha recurrido al Tribunal Supremo.
Si la situación no se corrige a corto plazo, CSI-F no descarta llevar a cabo movilizaciones, puesto que esta medida de eliminar el pago de trienios por antigüedad y regirse por el sistema de desarrollo profesional, en función de la evaluación de objetivos, fue decretada por el propio ICO. Primero, se aplicó entre los técnicos y después entre los administrativos. La suma, a día de hoy, es de 185 empleados afectados que en ningún caso van a renunciar a sus derechos.
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