Gobierno y fuerzas políticas deben consensuar la oferta de empleo público para el próximo año, ante el parón de las elecciones
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora de manera positiva el descenso en las cifras del paro conocidas hoy, si bien, el carácter estacional y la precariedad de los nuevos contratos de trabajo, evidencian la debilidad de nuestras políticas de empleo.
No obstante, CSIF llama la atención porque frente la tendencia general de crecimiento, la Administración Pública arrastra un déficit de 17.337 empleos, frente a abril del año pasado. Así, es prácticamente el único sector, junto a las industrias extractivas, donde la tendencia es a la baja, con un descenso del 1,67 por ciento en el número de puestos de trabajo, respecto al mismo periodo de 2015.
CSIF considera que esta situación se debe fundamentalmente al envejecimiento de las plantillas y a la práctica congelación de las ofertas públicas de empleo público producida a lo largo de los últimos años.
Por este motivo, reclamamos al Gobierno en funciones que, de manera consensuada con las principales fuerzas políticas, comience a diseñar la oferta de empleo público, teniendo en cuenta que el proyecto de presupuestos generales del Estado, tradicionalmente se presenta después del verano, ante el nuevo parón que se va a generar con motivo de las próximas Elecciones Generales. En nuestra opinión, esta oferta de empleo público debe ser aprobada sin el tradicional límite o tasa de reposición del personal jubilado.
En la Administración General del Estado, el 60 por ciento de la plantilla tiene más de 50 años, de estos 26.000 se jubilarán de manera inminente y 119.500 en 10-15 años, agravando aún más el problema de las plantillas, el incremento de la carga de trabajo y los niveles de calidad en la asistencia a los ciudadanos.
En este sentido, coincidiendo con el inicio de una nueva campaña electoral, CSIF ha iniciado una ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas para que tomen conciencia de esta situación e impulsen un acuerdo general que garantice la viabilidad de las administraciones y establezca buenas prácticas en la gestión para desterrar los errores que se han cometido durante la crisis.
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