Las administraciones destruyen empleo por tercer mes consecutivo, con 17.708 bajas, frente a la tendencia general

Las administraciones destruyen empleo por tercer mes consecutivo, con 17.708 bajas, frente a la tendencia general

CSIF reclama a Hacienda una reunión para revisar la oferta pública de empleo marcada en el proyecto de presupuestos 

El sector de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria registró una pérdida de afiliados a la Seguridad Social de9.943 personas durante el mes de septiembre. Se trata del tercer mes consecutivo en el que se destruye empleo, con un total de 17.708 bajas, en contra de la tendencia general.

Este dato muestra como las Administraciones Públicas destruyeron empleo en el último trimestre de manera inversamente proporcional a las altas producidas en el sistema a nivel general y esto es inaceptable si queremos mantener el nivel de  calidad de nuestras administraciones. El Gobierno no puede dejar a los empleados públicos al margen de la recuperación y la creación de empleo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas reclama una reunión urgente al Ministerio de Hacienda para analizar estos datos y revisar la oferta de empleo público establecida en el proyecto dePresupuestos Generales del Estado.

El Gobierno ya revisó la oferta de empleo público la semana pasada, ampliándola  del 20 al 50 por ciento lo que demuestra que, con voluntad política, hay margen para ampliar las plantillas y mejorar las condiciones de los empleados públicos.

De hecho, este año por primera vez, el Gobierno va a abrir la tasa de reposición al sector público empresarial, lo que no se compadece con la congelación de las plantillas, por ejemplo, de la Administración General del Estado.

Además, la tasa del 50 por ciento, no olvidemos que supondrá la destrucción de la mitad de los puestos que se jubilen durante 2015, es decir, decenas de miles de empleos públicos.  Esto supone más inseguridad en nuestras calles, menores niveles de calidad en nuestras escuelas, hospitales y centros de trabajo o una justicia aún más lenta.