CERMI y CSI-F reclaman nuevas medidas contra la discriminación a personas con discapacidad en el empleo público
Defendemos la reducción de jornada y adelanto de la edad de jubilación, sin merma retributiva
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) celebraron hoy una jornada (“Apoyos para una inclusión efectiva”) en la que repasaron la situación de los empleados públicos con discapacidad, las dificultades que afrontan en su entorno laboral, así como en los procesos selectivos de empleo.
Ambas organizaciones defienden una política transversal de la discapacidad que aborde este tipo de situaciones a lo largo de toda la trayectoria profesional, desde el acceso a la oferta de empleo público, hasta su jubilación, incorporando mejoras en ámbitos como la movilidad, la carrera profesional o la formación.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) celebraron hoy una jornada (“Apoyos para una inclusión efectiva”) en la que repasaron la situación de los empleados públicos con discapacidad, las dificultades que afrontan en su entorno laboral, así como en los procesos selectivos de empleo.
Ambas organizaciones defienden una política transversal de la discapacidad que aborde este tipo de situaciones a lo largo de toda la trayectoria profesional, desde el acceso a la oferta de empleo público, hasta su jubilación, incorporando mejoras en ámbitos como la movilidad, la carrera profesional o la formación.
Después de años de trabajo en este ámbito, ha llegado el momento de evaluar las políticas realizadas y poner en marcha un estudio que evalúe las situaciones de discriminación que aún persisten en el conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómica, municipal y diputaciones) así como los casos donde no se cumple la normativa.
Así, se dan situaciones de discriminación tanto en el acceso a la función pública (dificultades de acceso en los requisitos psicofísicos), como en la adaptación del puesto de trabajo, formación específica, movilidad (es preciso dar preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad), entre otras.
Asimismo, se deben adoptar nuevas medidas como implementar la reducción de jornada laboral sin merma retributiva para las personas que acrediten un grado importante de discapacidad, así como el adelanto de la edad de jubilación del personal con discapacidad.
Pretendemos que la jubilación se adelante a los 52 años para situaciones de discapacidad igual o superior al 65%, y a los 56 para la discapacidad en grado igual o superior al 45% en las que concurra una reducción de la esperanza de vida, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.
La crisis económica y los recortes han dado la espalda a muchas políticas sociales y este colectivo vive los efectos de la crisis en su doble condición de empleado público y persona con discapacidad, es decir, la crisis les ha penalizado doblemente.
Así, se dan situaciones de discriminación tanto en el acceso a la función pública (dificultades de acceso en los requisitos psicofísicos), como en la adaptación del puesto de trabajo, formación específica, movilidad (es preciso dar preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad), entre otras.
Asimismo, se deben adoptar nuevas medidas como implementar la reducción de jornada laboral sin merma retributiva para las personas que acrediten un grado importante de discapacidad, así como el adelanto de la edad de jubilación del personal con discapacidad.
Pretendemos que la jubilación se adelante a los 52 años para situaciones de discapacidad igual o superior al 65%, y a los 56 para la discapacidad en grado igual o superior al 45% en las que concurra una reducción de la esperanza de vida, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.
La crisis económica y los recortes han dado la espalda a muchas políticas sociales y este colectivo vive los efectos de la crisis en su doble condición de empleado público y persona con discapacidad, es decir, la crisis les ha penalizado doblemente.
Con carácter general, CSI-F reclama, entre otras, una tasa de reposición del cien por cien del personal que se jubila. Las políticas de austeridad y la congelación de las plantillas, han provocado la pérdida de más de 400.000 empleos en los últimos cuatro años, cerrando muchas puertas y posibilidades laborales a las personas con discapacidad, por no hablar de los recortes en los servicios sociales que recibe este colectivo.
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