EL GOBIERNO APUESTA POR EL MODELO PRIVADO EN LAS PRISIONES

DÍPTICO. EL GOBIERNO APUESTA POR EL MODELO PRIVADO EN LAS PRISIONES

A partir del 1 de Octubre del año en curso un total de 67 Centros Penitenciarios contarán con vigilancia privada en todos los Establecimientos Periféricos dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, excluyendo los Centros de Inserción Social.

 

En el 2013 se contrato por parte del Ministerio del interior a 250 vigilantes privados para hacerse cargo de la seguridad perimetral de los Centros Penitenciarios, incrementando dichos efectivos a partir del próximo mes de Octubre en 550 efectivos, con un total de 800 vigilantes privados que cubrirán unos 203 puestos distribuidos por los 67 Centros Penitenciarios.

 

Las prestaciones en los puestos serán de 24 H y de 12 H, y se ha establecido un precio unitario por hora sin que el Ministerio del Interior haya trasladado a los agentes sociales el precio del servicio ni el montante total.

 

Aquellos servicios cuya prestación necesite el uso de arma, se le aplicará un sobrecoste y la duración del contrato será de un año, contemplándose la posibilidad de prórroga.

 

 CSI.F Prisiones denuncia que mientras existe una Oferta de Empleo Privada de 800 trabajadores anuales, la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciaria en los tres años de legislatura popular ha sido de 84 Empleados, para la apertura entre el 2009 y el 2012 de 14 Centros de Inserción Social ( cuya relación de puestos de trabajo de cada centro es de 100 efectivos ) y  cinco macrocentros; Las Palmas II, Menorca, Álava y Pamplona. Oferta de Empleo Pública insuficiente para un sector prioritario y para la calidad del servicio que presta este colectivo que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que padecemos.

 

Si a esta situación dramática en recursos humanos que padece Instituciones Penitenciaria, tenemos que añadir el envejecimiento paulatino de las plantillas que ronda una media entre los 48 y 58 años y las jubilaciones anuales que se estiman entre los 350 y 400 empleados públicos penitenciarios anuales, por lo que el sistema penitenciario está abocado a un fallo en el sistema por falta de recursos humanos.

 

CSI.F entiende que prevalecen los intereses económicos a una buena gestión de los recursos humanos de la Institución Penitenciaria con un gasto público para empresas privadas que es totalmente inaceptable, y máxime cuando en el anteproyecto presupuestario 2015 se está barajando la tasa de reposición en toda la Función Pública en el entorno del 50% solamente para sectores prioritarios ( eso quiere decir que por cada 10 jubilados cubren 5 efectivos a año vencido ).