- El sindicato lanza un mensaje de tranquilidad ante las amenazas de Lluis Llach y pide explicaciones a JuntsxSí
- CSIF intensifica la interlocución para garantizar la seguridad jurídica: en los próximos días analizará la situación con el Delegado del Gobierno en Cataluña
- CSIF intensifica la interlocución para garantizar la seguridad jurídica: en los próximos días analizará la situación con el Delegado del Gobierno en Cataluña
25 de Abril de 2017
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se opondrá con toda la firmeza del Estado de Derecho a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso de desconexión.
CSIF de esta manera lanza un mensaje de tranquilidad ante la ‘bravuconada’ que a nuestro entender suponen las palabras del diputado de Junts pel Sí, Lluis Lach, sobre las supuestas sanciones a las que se enfrentan los funcionarios que no acaten este proceso.
Nuestra organización ha pedido aclaraciones a JuntsxSí ante las declaraciones de este diputado. No es la primera vez que Llach hace declaraciones de este tipo. Creemos que este tipo de amenazas son del todo inapropiadas y crean alarma social en el colectivo de la administración pública y en la población catalana en general.
A lo largo de los próximos días, CSIF va a intensificar la interlocución en diferentes ámbitos (de hecho, en recientes contactos con miembros de la coalición catalana se nos ha trasladado la voluntad de que los funcionarios no se vean perjudicados). En los próximos días, tenemos además prevista una reunión con el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, para analizar la situación.
Protocolo de Defensa Jurídica
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, se reunió el pasado mes de marzo con el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, así como con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para abordar la preocupación del colectivo de empleados públicos catalanes ante el proceso soberanista.
El sindicato reitera su defensa del sindicato al ordenamiento jurídico vigente y tiene a punto su protocolo de defensa, dirigido al funcionariado catalán, para protegerles en el caso de que deban responder ante una orden de dudosa legalidad por parte de sus superiores.
En la actualidad, cuando están en pleno debate político cuestiones fundamentales como la unidad y la vertebración de España, CSIF defiende el papel de los empleados públicos como un elemento cohesionador del Estado. Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia.
Protocolo de actuación
El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.
El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.
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