CSIF reclama al Gobierno Central que escuche la petición de esta CC.AA del PP y favorezca las 35 horas y una oferta de empleo urgente sin tasa de reposición
El consejero de Presidencia de Castilla y León y los sindicatos representativos han remitido una carta, de manera conjunta, en la que reclaman al Gobierno que autorice a las comunidades autónomas la aplicación de la jornada de 35 horas semanales a sus empleados públicos, sumándose a las posiciones de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o País Vasco.
La Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora positiva esta iniciativa teniendo en cuenta además que procede de una autonomía gobernada por el Partido Popular y por tanto, del mismo signo político que el Gobierno de la nación que, a día de hoy, no favorece las 35 horas.
CSIF ha intensificado la interlocución a lo largo de las últimas semanas con presidentes autonómicos para elevar la presión sobre el Ejecutivo con el fin de que derogue el decreto de recortes que impide la aplicación de las 35 horas en la función pública. Este tema fue planteado en la reciente Conferencia de Presidentes y la Junta de Andalucía implantó esta jornada laboral a principios de mes.
El escrito, acordado y firmado con la Junta de Castilla y León, se hace eco de otras reivindicaciones de CSIF también a nivel nacional como el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, o que las sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.
La carta también alude a la necesidad de abordar la oferta de empleo público de este año. Así, se apunta la importancia que para Castilla y León tiene, debido a su amplia extensión territorial, la retirada de la tasa de reposición de las ofertas de empleo público, tal y como se solicitó en la conferencia de presidentes autonómicos del pasado 17 de enero; una tasa que limita la creación de empleo estable, muy especialmente en los servicios esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, según se indica en la carta que comparten sindicatos y el Gobierno regional.
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