CSIF abordará con
Hacienda el próximo lunes una oferta de empleo público urgente que evite el
colapso de las Administraciones
Las plantillas de la administración han perdido 320.000 empleos desde 2011
y 232.000 personas están a las puertas de la jubilación
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el
sector privado, dio hoy la voz de alarma ante los resultados de la Encuesta de
Población Activa: en los últimos 12 meses el empleo ha aumentado en 428.500
personas en el sector privado, mientras que se reduce en 14.600 en el público.
De esta manera, frente a la tendencia general, las Administraciones
Públicas retroceden y acumulan un déficit de 320.000 empleos desde el tercer
trimestre de 2011, cuando comenzó la sangría de empleo público en términos de
la EPA. Además, se da la circunstancia de que 232.900 personas tienen más de 60
años y se encuentran a las puertas de la jubilación.
Por otra parte, el nivel de precariedad de nuestras administraciones es
preocupante. Un total de 680.900 personas tiene un empleo temporal (80.000
tienen un contrato que no llega a los tres meses), unas cifras inaceptables
para los niveles de calidad que debemos exigir a los servicios de nuestro
Estado del Bienestar, como la sanidad o la educación.
En este sentido, CSIF mantendrá el próximo lunes una reunión urgente con la
secretaria de Estado de Función Pública, en la que se abordará la necesidad de
diseñar ya una oferta de empleo público, en el contexto de prórroga de los
Presupuestos Generales del Estado. Esta oferta de empleo deberá eliminar la
tasa de reposición, es decir, que se produzcan contrataciones por encima de las
jubilaciones de este año, para paliar el déficit estructural de las plantillas.
CSIF también planteará la necesidad de abordar ya el problema de la
interinidad en ámbitos como la sanidad o la educación, o la consecución de la
jornada de 35 horas semanales en las Administraciones, como medida de creación
de empleo de calidad. La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha sido
el último gobierno autonómico que con el apoyo de CSF se ha dirigido al
Ejecutivo Central para promover esta medida.
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