CSI-F se reúne con el PSOE para forzar a Hacienda a que convoque ya la oferta de empleo público y mejore las condiciones laborales

CSI-F se reúne con el PSOE para forzar a Hacienda a que convoque ya la oferta de empleo público y mejore las condiciones laborales

Montoro debe informar mañana en el Congreso de sus planes para la Función Pública, ante el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos

Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, mantuvo hoy una reunión con la responsable de la Gestora del PSOE en materia de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano, para analizar los problemas de los servicios que reciben nuestros ciudadanos, las necesidades de las plantillas y sus condiciones laborales.

Con esta reunión, CSIF pretende sumar fuerzas para que el Gobierno ponga ya en marcha las políticas que necesitan las Administraciones Públicas, ante el deterioro sufrido durante los últimos años como consecuencia de los recortes. Precisamente mañana, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, comparece mañana en el Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de su departamento.

El Ministerio debe convocar de manera urgente la mesa general de las Administraciones Públicas. CSIF considera injustificable que una vez iniciado 2017, los empleados públicos desconozcan qué va a pasar con sus retribuciones.

CSIF considera difícilmente explicable que tampoco sepamos qué va a pasar con la oferta de empleo público del año que viene, máxime cuando la crisis se ha llevado por delante cerca de 170.000 puestos de trabajo de empleados públicos. Esta situación tiene sus efectos estos días, por ejemplo, con la saturación de las urgencias hospitalarias.

También es preciso abordar otras cuestiones, como la necesidad de revertir recortes aún vigentes (los descuentos en la nómina por baja médica), o la generalización de la jornada de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, como una medida de mejora de la calidad de los servicios y creación de empleo.