La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia reclama, con ocasión de la apertura del año judicial, poner fin a la dispersión informática en la Administración de Justicia.
No se trataría de tener un solo programa de gestión procesal, lo que sería la solución ideal, sino de que todos los programas que se utilicen permitan considerar a Jueces, Fiscales, Letrados, funcionarios y operadores jurídicos como usuarios del sistema global de gestión procesal para que puedan compartir información de forma fácil y directa en función de su intervención en el proceso y con independencia de donde se genere esa información.
En la actualidad, sin embargo existen diez programas informáticos distintos en el Estado que no son capaces de compartir información y, que en algunos casos, se encuentran claramente obsoletos.
El ‘babel informático’ en la Administración de Justicia tiene su pecado original en el momento en que se decidió iniciar el proceso de traspasos de medios personales y materiales de la Administración de Justicia a las comunidades autónomas. Sin traspasos y habiendo hecho las cosas bien durante 30 años (igual se está pidiendo demasiado), ahora tendríamos una Justicia más eficaz, más eficiente y mejor.
No obstante, toda vez que el Tribunal Constitucional validó el proceso de traspasos de competencias de medios personales y materiales en la Administración de Justicia a principios de los 80, para CSIF, nunca debió de traspasarse a las comunidades la competencia sobre las herramientas informáticas y de telecomunicación para la gestión procesal. Estas herramientas constituyen la "cara b" de las leyes procesales y guardan una relación tan estrecha con ellas que no se debería haber separado. Si las leyes procesales son de competencia exclusiva del Estado, las herramientas informáticas que sirven para su aplicación en el proceso, también deberían haber quedado dentro de la esfera competencial del Estado.
Un buen servicio público precisa medios adecuados y, las inversiones iniciales son siempre cuantiosas y cuanto más tiempo se deje pasar más caras serán y más dinero se perderá si seguimos gastando en unos programas que no sirven.
Para CSIF, es necesario pues, adoptar cuanto antes, una visión a largo plazo y un consenso básico entre administraciones, entre partidos políticos, contando con Jueces, Fiscales, Letrados, resto de funcionarios y operadores jurídicos. La modernización de la Administración de Justicia debe contar con quien mejor conoce su precaria situación y quienes, en definitiva deberán ser los que la lleven a efecto.
Hace falta un gran acuerdo a largo plazo para afrontar el reto de la digitalización que afectará decisivamente a las condiciones de trabajo en la Administración de Justicia Un gran acuerdo que aporte los recursos necesarios y que aborde cuestiones como edificios y sedes judiciales, dimensión de plantillas, organización judicial, formación, perfiles profesionales, reestructuración de funciones dentro de la oficina judicial aprovechando el potencial de los funcionarios de Justicia, carrera y promoción profesional, retribuciones, jornada, lugar de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar, movilidad entre otras cuestiones.
Hace falta también ponerse a funcionar de nuevo para cumplir el acuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos liderados por CSIF, el pasado 18 de diciembre de 2015 en su totalidad (que incluye diferentes mejoras en las condiciones laborales y la recuperación de algunos recortes que se produjeron estos años).
Desde CSIF exigimos que se ponga fin a la parálisis en la Administración de Justicia y que tras reflexionar hacia dónde vamos con esta torre de babel nos pongamos a trabajar sobre qué es lo mejor para la Administración de Justicia, para que los que intervenimos en ella trabajemos mejor y, sobre todo, para que los ciudadanos reciban un mejor servicio.
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