23 de Septiembre de 2016
Una Administración de Justicia muy mermada en medios, con necesidades urgentes de creación de nuevos juzgados y de abordar los problemas más acuciantes en temas de especial sensibilidad como es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con una plantilla que sufrió importantes amortizaciones y discriminaciones respeto a este colectivo del Estado y de otras comunidades autónomas es el resumen del balance de los ocho años del actual Gobierno en la Xunta presentado por CSI-F, acompañado del resto de los sindicatos con representación en esta árela SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, STAJ, CIG y CCOO.
Para CSI-F, estos años reflejan el desinterés y la desidida de la Xunta por mejorar la Administración de Justicia y conseguir que sea cada vez más ágil, rápida y eficaz, es decir, más justa para la ciudadanía a la que sirve. Por eso, demanda que el próximo Gobierno aborde sin más dilación los temas de mayor gravedade:
Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Para CSI-F es alarmante e inadmisible la falta de medios humanos, materiales y de espacios debidamente acondicionados, así como la falta de formación de los trabajadores de estos juzgados, que está desarrollando su trabajo muchas veces en condiciones lamentables, sin herramientas informáticas idóneas y mal retribuídos.
Por eso, reclama el inicio de una negociación para conseguir la creación de nuevos Juzgados de esta naturaleza allí donde sean necesarios, el establecimiento de un programa piloto para coordinar servicios de atención a la víctimas, la habilitación de espacios de atención a la víctima y menores, formación específica para los traballadoes de este servicio y la adecuación salarial para el personal que trabaja en los juzgados para que sea acorde con el trabajo que realizan y se tengan en cuenta las horas extras.
Juzgados y amortizaciones de cuadro de personal. Recientemente se puso de relieve la necesidad de la apertura en Galicia por parte del Ministerio de Justicia de seis nuevos juzgados (lo de Social en la Coruña, Santiago y Vigo; de Familia en Vigo, y de Primera Instancia en la Coruña y Ourense) y dos plazas de magistrado para órganos colegiados (Sección 6ª Audiencia Provincial Pontevedra, con sed en Vigo, y Sección 1ª de la Audiencia de Lugo).
Para las OO.SS esta es una interpretación de mínimos ya que, con los datos en la mano, son muchos los órganos judiciales de urgente creación en nuestra comunidad tanto en las siete ciudades como nos pueblos. Pero ademáis, hay que recordar que la Xunta impuso sin negociación previa alguna con las organización sindicales un cuadro de amortización de personal en los Juzgados Gallegos en los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, y es especialmente sangrante en las Audiencias Provinciales (nada menos que 62 plazas) y Juzgados de Paz (24 plazas), eliminándose un total de nada menos que 106 plazas.
Nueva Oficina Judicial: El escaso interés que para el gobierno del PP despierta el servicio público de la Justicia se muestra en que, la diferencia del que ocurre en la mayor parte del Estado español, en Galicia no existe la Nueva Oficina Judicial, aunque es posible que se avance pronto ya que se está en fechas electorales.
El Diario Oficial de Galicia fue sin duda uno de los medios favoritos de propaganda utilizado por el gobierno de Feijóo para dar publicidad y justificar sus actuaciones en materia de Justicia, aunque luego estas no se llevaran la práctica. Dos ejemplos claros:
- DECRETO 427/2009, del 19 de noviembre, por lo que se crean y se regulan las comisiones y los grupos de trabajo para el diseño e implantación de la nueva oficina judicial en Galicia. Hay case siete años que se creó y aun no se reunió ni una sola vez ni la Comisión Autonómica ni la Comisión Técnica para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
- DECRETO 148/2010, del 2 de septiembre, por lo que se constituyen unidades técnico-administrativas en los edificios judiciales y unidades de apoyo a presidencias de tribunales y decanatos de los juzgados. Seis años después no existe ni la primera de ellas.
Por eso, las OO.SS defienden la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que debería articularse en torno la diez puntos básicos:
1. La Administración de Justicia como un servicio a los ciudadanos.
2. Las tecnologías de la información y de la comunicación como agente y exixencia de la Administración de Justicia en una sociedad dinámica. Es acuciante la inversión en nuevas tecnologías (sistemas y medios). AMTEGA (Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia) no responde ni de lejos a las necesidades y los incidentes que a diario se producen en las oficinas judiciales y fiscales gallegas.
3. La implicación y el reconocimiento profesional de la labor de los empleados públicos de la Justicia.
4. Cambio y adaptación de la Administración de Justicia al marco territorial de competencias.
5. La configuración de una organización flexible y eficaz.
6. La implantación de una Justicia en gallego que cumpla con los deberes establecidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia respeto las lenguas oficiales del Estado.
7. Mejora del modelo del servicio de atención y relación con la ciudadanía, en especial con las víctimas (especialmente en el campo de la violencia sobre la mujer), los menores y las personas con la capacidad modificada judicialmente.
8. Implantación de las Unidades Técnico-Administrativas creadas en el papel en el año 2010, a través de las cuales se podría dar respuesta a muchos de los problemas organizativos y tecnológicos de las oficinas judiciales y fiscales gallegas, así como la tramitación y recepción de quejas y sugerencias.
9. Elaboración de un plan de Justicia de cercanías, que incluya la modernización de los actuales juzgados de paz.
10. Establecimiento de una red de cooperación con el resto de las administraciones públicas (especialmente en el campo de la violencia sobre la mujer), que incluya el intercambio de conocimiento y tecnología.
Mismos derechos del personal gallego respeto al colectivo del Estado y CC.AA:
Incapacidad temporal:
La normativa vigente reconoce que el carácter de cuerpo nacional que conserva el personal al servicio de la Administración de justicia transferido a la Comunidad Autónoma de Galicia constituye el fundamento para que se establezca una regulación de las situaciones de incapacidad temporal para que sea, esencialmente común y homogénea a la establecida para aquello/las funcionario/las pertenecientes a los mismos cuerpos nacionales, ya sean de la Administración del Estado cómo de otras comunidades autónomas.
Las OO.SS en la Mesa Sectorial de Justicia de Galicia han denunciado ante la Xunta la discriminación de los trabajadores de la Admón. de Justicia en Galicia con respeto a los del Ministerio de Justicia, Navarra, Aragón, Letrados, Jueces y Fiscales, y han solicitado, tanto por escrito, en las reuniones mantenidas con la Dirección General de Justicia y con la propuesta de un acuerdo (propuesta a la que no recibimos respuesta), la modificación del decreto 169/2013 para finalizar con la citada discriminación. Los sinicatos creen que no se puede demorar por madres tiempo a equiparación directa de la normativa ya que:
- No es asumible, entre otra cosas, que los funcionarios de Justicia de Galicia sufran descuentos del 50% del sueldo por las enfermedades recogidas en el R.D 2210/1995: Gripe, Hepatitis La, B, Vírica y Otras, Sarampelo, Tos La herí, Varicela........Y así hasta alcanzar 38 enfermedades de declaración obligatoria según el Ministerio de Sanidad.
- No son asumibles los descuentos por la interrupción voluntaria del embarazo en el primero trimestre de gestación por inducción farmacológica y por los procesos de incapacidad temporal iniciados durante los tratamiento mediante técnicas de reproducción asistida.
- No son asumibles que los descuentos por procesos oncológicos que no conlevan tratamiento.
Estás situaciones se dan cuándo en la misma oficina y por los mismos procesos los Letrados, Jueces y Fiscales no sufren descuento alguno.
Relevos
Desde hace meses, las OO.SS reivindican, de forma unánime, la necesidad de modificar, actualizar, aclarar y concretar la actual normativa gallega en materia de relevos, que data del 2008, hallándose actualmente desfasada y contraria a la normativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, máxime cuando se refiere la necesidad de ‘larga duración’ en la ausencia del funcionario titular y establece el sistema de relevos como medio habitual para la cobertura de las plazas vacantes.
En primer lugar, la reivindicación se resume en la máxima “a igual trabajo, igual retribución”. La normativa actual permita una discriminación flagrante entre trabajadores que realizan la misma función, instaurando la figura del funcionario de primera -titulares e interinos- y funcionarios de segunda -sustitutos-. No se entiende que funcionarios en relevo vertical no perciban el 100% de las retribuciones correspondientes al cuerpo donde desempeñan sus funciones, lo que constituye, en cierto modo, un enriquecimiento injusto de la Administración, al beneficiarse del trabajo de un funcionario realizando funciones de un cuerpo superior, aunque, con todo, no le abona la totalidad de las retribuciones de ese puesto, sino sólo las complementarias.
En segundo término, en Galicia no se encuentran determinados claramente los supuestos en los que procede el sistema de relevo, comisión de servicios o nombramiento de interino, ni se concretó el tiempo desde cuando una ausencia pueda, o deba, dar lugar la un relevo o únicamente la un nombramiento de interino.
Y, por último las OO.SS destacan el despropósito de la supresión del relevo por falta de desempeño efectivo durante quince días hábiles.
Mermar de la capacidad adquisitiva:
Al igual que el resto de los empleados públicos, los de la Justicia sufrieron la supresión de la paga extra, que los Tribunales obligaron a la Xunta a restablecer, pero lo que no se recuperará fue la pérdida del poder adquisitivo con la supresión del complemento propio de Galicia, que equivale al 40% de la paga extra.
En el período 2013-2016, se perdieron con respeto al resto de empleados del Ministerio de Justicia y de todas las CC.AA transferidas como Galicia las siguientes cantidades:
- Médicos Forenses 10.000 euros/aprox
- Gestores 5.000 euros/aprox
- Tramitadores 3.880 euros /aprox
- Auxiliares Judiciales 3.480 euros/aprox
No hay comentarios:
Publicar un comentario