El sindicato
retoma los contactos con Hacienda para consensuar un texto
En el
escenario de que se produjera una prórroga de los presupuestos por falta de
acuerdo político, esta propuesta podría ir contenida en un futuro decreto para
facilitar el acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios.
La Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el
sector privado ha propuesto a la Dirección General de la Función Pública del
Ministerio de Hacienda la negociación de una propuesta para la revisión de
salarios y actualización de las plantillas en las Administraciones Públicas.
Ayer mismo,
los grupos de PSOE y Podemos registraron una propuesta en este mismo sentido en
el Congreso de los Diputados que CSIF valora, si bien, se hace preciso iniciar
los trabajos para concretar un acuerdo que permita reforzar las plantillas y
los servicios públicos, así como mantener la senda de la recuperación de
condiciones laborales que se inició el último año.
CSIF de esta
manera, ha retomado los contactos e intensificará la interlocución a lo largo
de los próximos días con la Administración, que según nos ha trasladado, está
estudiando todos los escenarios con la Abogacía del Estado, teniendo en cuenta
que la situación que afrontamos es inédita, con un Gobierno en funciones, sin
mayoría parlamentaria y que presumiblemente se verá abocado a prorrogar los
presupuestos.
En este
sentido, CSIF reclama un acuerdo básico que favorezca la gobernabilidad
y las reformas que necesita España, frente a la parálisis de los últimos meses, como
consecuencia de la falta de acuerdos parlamentarios.
CSIF
considera que los empleados públicos y los pensionistas no pueden ser
utilizados como moneda de cambio en las negociaciones de cara a la investidura.
En este sentido, el sindicato defenderá un acuerdo de legislatura que permita a
los empleados públicos regresar, como mínimo, a las condiciones laborales y
económicas previas a los recortes de 2010.
Además, urge
diseñar una oferta de empleo público que permita mejorar la calidad de los
servicios públicos deteriorados durante la crisis. Solo este año, las
plantillas de las administraciones arrastran un déficit de 23.500
empleos por la falta de empleo público y desde 2010 se han perdido más de
150.000, a razón de 78 empleos al día.
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