jueves, 7 de abril de 2016

CSI-F exige crear la figura del “observador de la legalidad” en las oposiciones de la Xunta tras varias sentencias del Tribunal Supremo sobre arbitrariedades y falta de control

CSI-F exige crear la figura del “observador de la legalidad” en las oposiciones de la Xunta tras varias sentencias del Tribunal Supremo sobre arbitrariedades y falta de control

El sindicato independiente urge, ante los numerosos procesos selectivos previstos en la OPE 2016, articular mecanismos que eviten la indefensión de los opositores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) exige a la Xunta de Galicia que cree la figura del “observador de la legalidad” en los procesos selectivos de la administración autónoma con el fin de garantizar que se ajusten a la normativa y evitar arbitrariedades como las que ya ha alertado el Tribunal Supremo en varias sentencias. En dos de ellas recientes relativas al ingreso en el Cuerpo Superior de la Xunta de Galicia, subgrupo 1, el Supremo acusa al tribunal de selección de escapar a todo tipo de control y de los límites de la discrecionalidad técnica.
Así, en una de estas sentencias, el T.S. advierte que: “… Resulta evidente que con tal contenido de las actas de calificación y en ausencia del "guión" que se dice elaborado por el tribunal, la actividad del tribunal escapa a todo tipo de control, incluso en vía jurisdiccional y por tanto a los límites que la jurisprudencia de esta Sala viene estableciendo a la discrecionalidad técnica de los tribunales…”.
Del mismo modo, en una segunda sentencia, el Alto Tribunal afirma que “…se producen una serie de defectos procedimentales en el proceso selectivo, como la ausencia de notas parciales de los miembros del Tribunal Calificador, solicitadas por la recurrente en su reclamación y recurso, con lo que, incluso en la tesis más favorable a la imposibilidad de controlar la discrecionalidad técnica estaríamos ante los aledaños del núcleo de la misma, la necesidad de motivar las calificaciones, máxime si se ha solicitado expresamente por quien se considera discriminado, produciéndose su indefensión...”
Para CSI-F este hecho es especialmente grave “si tenemos en cuenta que en ambos casos el tribunal de selección estaba formado por funcionarios pertenecientes a la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia, es decir, la élite de la Xunta en el conocimiento y la aplicación del derecho administrativo”.
No es la primera sentencia en la que se denuncia que los tribunales calificadores bordean la arbitrariedad en sus funciones. “No son casos aislados, por eso, y ante los numerosos procesos selectivos que convocará la Xunta previstos en la OPE 2016, urge articular mecanismos que eviten sospechas de falta objetividad, transparencia y limpieza y, sobre todo, que garanticen la imparcialidad y eviten la indefensión de los opositores”, aclara CSI-F.
Participación sindical
La figura del “observador de la legalidad”, que sería nombrado por las organizaciones sindicales más representativas en la Función Pública gallega, no formaría parte de los tribunales de selección pero participarían con voz, y sin voto, en el tipo de pruebas y, sobre todo, en el control de la evaluación.
La práctica totalidad de la doctrina jurisprudencial entiende la necesidad de que exista un control sindical externo para respetar los principios de imparcialidad y profesionalidad ya que las OO.SS. tienen derecho a ser consultadas acerca de los baremos de los concursos y las pruebas y a controlar las evaluaciones pudiendo impugnar los resultados. Así mismo, la figura de “observador” ya está implantada en otras Administraciones para garantizar la legalidad y el buen desarrollo de los procesos, por lo que difícilmente la ciudadanía entendería que el gobierno gallego se niegue a su implantación, máxime a la vista de las sentencias citadas del Tribunal Supremo.
Seis años de parálisis en las negociaciones

El sindicato independiente ha presentado esta alegación, entre otras, al borrador del documento que están negociando las organizaciones sindicales y Función Pública sobre el funcionamiento de los órganos encargados de evaluar los procesos de selección para el ingreso en los diferentes cuerpos, escalas y grupos profesionales. CSI-F recuerda que estas negociaciones llevan seis años paralizadas y que los tribunales funcionan con las instrucciones del bipartito, “que se han demostrado totalmente ineficaces e insuficientes para garantizar procesos selectivos limpios, justos y con garantías”.

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