martes, 16 de febrero de 2016

El Gobierno recorta la pensión de jubilación a las empleadas públicas que solo tienen un hijo

El Gobierno recorta la pensión de jubilación a las empleadas públicas que solo tienen un hijo

- CSIF llevará al Defensor del Pueblo la discriminación de las empleadas públicas en la pensión de jubilación y el nuevo permiso de gestación
 
- CEP denuncia los problemas de conciliación de los miembros de la Policía con responsabilidades familiares
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha presentado una queja formal a la Dirección General de Función Pública por discriminar a las empleadas públicas con solo un hijo en el complemento de pensión de maternidad, recientemente creado.
 
El Gobierno reformó la Ley de Clases Pasivas del Estado y del Régimen de la Seguridad Social, a través de los últimos Presupuestos Generales del Estado (Disposición Final Primera de la Ley), para reconocer un complemento de pensión a las empleadas públicas jubiladas y a las retiradas por incapacidad permanente, por la que pretende reconocer la contribución demográfica a las mujeres que hayan compatibilizado su carrera profesional con la maternidad.
 
Pues bien, este beneficio no se hace extensivo a las empleadas públicas que solo tienen un hijo. CSIF reclama que este beneficio se extienda al conjunto de empleadas públicas y a todas las madres trabajadoras de este país.
 
El  complemento a la pensión va en función del número de hijos nacidos o adoptados y se calcula aplicando a la pensión los siguientes porcentajes: en el casos de 2 hijos (5 por ciento), 3 hijos (10 por ciento), 4 o más hijos (15 por ciento).
 
Nuevo permiso de gestación
 
Asimismo, CSIF también denunciará el nuevo permiso de gestación (permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo y desde la semana 35 en el caso de parto múltiple) porque únicamente se ha reconocido a las mujeres funcionarias de la Administración General del Estado, dejando fuera al resto de las administraciones y al personal laboral no funcionario. Los servicios jurídicos de CSIF estudian acciones legales para hacer frente a esta discriminación.
 
Esta medida, de hecho únicamente podría beneficiar a 8.500 mujeres en edad de gestación, de las 38.000 que trabajan en la Administración General del Estado y de las más de 400.000 empleadas en el conjunto de las administraciones públicas. En el caso de la Policía, tampoco hay directrices sobre el uso de este permiso y las mujeres del Cuerpo que se acogen al mismo se les tramita como una baja convencional.
 
Problemas de conciliación en la Policía
 
Por su parte, la Confederación Española de Policía llama la atención sobre los problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral entre mujeres y hombres del Cuerpo.
 
Así, reclaman aumentar la flexibilidad de los horarios de trabajo. Los miembros del Cuerpo que tienen a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, o un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado, únicamente disponen de una hora diaria de flexibilidad y hasta dos horas si tienen a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado.
 
Además, la CEP exige la aplicación de la Circular de 16 de Diciembre de 2015, por la que se desarrolla la jornada laboral de los funcionarios, en la que se disponen que el establecimiento de servicios, cambios de horarios o turnos se ha de realizar con suficiente antelación para facilitar la conciliación del trabajo con responsabilidades familiares.
 
Por último, tanto CEP como CSIF reclaman que no consuma el permiso de paternidad y que se elimine el límite de trece semanas adicionales de permiso para la madre en los casos en los que el recién nacido tenga que permanecer hospitalizado a continuación del parto.

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