miércoles, 15 de julio de 2015

CSIF traslada una protesta al Gobierno por el indulto a un constructor que agredió a una funcionaria municipal del Concello de A Illa de Arousa

CSIF traslada una protesta al Gobierno por el indulto a un constructor que agredió a una funcionaria municipal del Concello de A Illa de Arousa

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El indulto envía un peligroso mensaje de impunidad a la sociedad frente a las agresiones a empleados públicos y a las mujeres

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha enviado una carta al Gobierno para trasladarle la más enérgica protesta por el indulto publicado en el Boletín Oficial del Estado a Juan Manuel Chaves Daporta, un constructor de A Illa de Arousa que en marzo de 2012 fue condenado por encerrar en su despacho, zarandear y amenazar a la arquitecta municipal.

Para CSIF, este indulto es lamentable en un doble ámbito, porque supone un paso atrás en la lucha contra las agresiones al colectivo de empleados públicos, con el agravante de que en este caso, la agresión se produjo sobre una mujer.  Las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52 por ciento frente al 36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad. 
Si ya de por sí a los empleados públicos les cuesta dar el paso de denunciar, con la dificultad añadida además de que se admita a trámite la denuncia y que posteriormente se sancione al responsable de la agresión por sentencia simple, resulta escandaloso que se produzca posteriormente el indulto.

Este indulto, desde nuestro punto de vista, envía un peligroso mensaje de impunidad a la sociedad frente a las agresiones a los empleados públicos. Según un informe presentado recientemente por CSIF (el primero en este ámbito que arroja datos a nivel nacional), al menos se produce una agresión diaria en las oficinas de las administraciones.

Esta situación se debe en parte a la campaña de desprestigio que han sufrido los empleados públicos a lo largo de los últimos años en los que se les ha hecho en parte responsables de la crisis, por el supuesto exceso en las plantillas y poniendo en duda su profesionalidad.

Por eso CSIF exige al Gobierno que no demore más la puesta en marcha de un protocolo nacional contra las agresiones en el conjunto de las administraciones públicas, un registro sistematizado de estas situaciones, que se le de el estatus de autoridad pública a los empleados (como sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad) para que su testimonio pueda ser usado como prueba.

Asimismo, se debe  promover una campaña nacional para dignificar la imagen y la labor del empleado público,el rechazo a la agresión y en definitiva una cultura de tolerancia cero hacia la violencia contra los empleados públicos.
 

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