Tragsa materializa ya la mitad de los 1.336 despidos previstos en la aplicación del ERE
- Los trabajadores de Tragsatec realizan hoy una nueva jornada de huelga y se convocan nuevas protestas para el 26 de enero y 3 de febrero
La empresa pública Tragsa ya ha materializado cerca de la mitad de los 1.336 despidos previstos en aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se empezó a aplicar con la entrada del nuevo año.
Los trabajadores de la empresa Tragsatec (empresa dependiente de este grupo) realizaron hoy una nueva jornada de huelga en protesta por esta medida, que tendrán su continuación los próximos días 26 de enero y 3 de febrero.
La empresa pública Tragsa ya ha materializado cerca de la mitad de los 1.336 despidos previstos en aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se empezó a aplicar con la entrada del nuevo año.
Los trabajadores de la empresa Tragsatec (empresa dependiente de este grupo) realizaron hoy una nueva jornada de huelga en protesta por esta medida, que tendrán su continuación los próximos días 26 de enero y 3 de febrero.
Por otra parte, el Tribunal Supremo deliberará próximamente sobre la procedencia de la ultraactividad del convenio colectivo de Tragsa, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los trabajadores, frente a las pretensiones de la empresa de revisarlo a la baja. Se da la circunstancia de que Tragsa utilizó la revisión del convenio como medida de presión para que los trabajadores aceptaran un nuevo convenio a cambio de reducir el número de despidos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha solicitado al Gobierno en funciones una medida de gracia para frenar estos despidos. Esta solicitud se enviará también a los diferentes grupos parlamentarios cuando se constituyan las Cortes.
El grueso de los despidos (fundamentalmente trabajadores de entre 40 y 50 años, con una media de 20 años de servicio en la empresa) se materializará, previsiblemente antes de finalizar enero. Los trabajadores despedidos se están enterando de que están fuera de la empresa por los ingresos del finiquito recibido en el banco, sin que se les haya notificado nada de manera escrita o verbal, lo que refleja la falta de consideración en las formas.
CSIF reclama esta medida ‘de gracia’ al Gobierno (responsable último de la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI), teniendo en cuenta que la actual situación económica de la empresa refleja una previsión de beneficios de 2 millones de euros en el ejercicio 2015 y un incremento de la producción del 63 por ciento, respecto al año pasado (660 millones de euros). Por tanto, las circunstancias económicas que lo motivaron han cambiado de manera sustancial respecto a 2013, cuando se registraban pérdidas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha solicitado al Gobierno en funciones una medida de gracia para frenar estos despidos. Esta solicitud se enviará también a los diferentes grupos parlamentarios cuando se constituyan las Cortes.
El grueso de los despidos (fundamentalmente trabajadores de entre 40 y 50 años, con una media de 20 años de servicio en la empresa) se materializará, previsiblemente antes de finalizar enero. Los trabajadores despedidos se están enterando de que están fuera de la empresa por los ingresos del finiquito recibido en el banco, sin que se les haya notificado nada de manera escrita o verbal, lo que refleja la falta de consideración en las formas.
CSIF reclama esta medida ‘de gracia’ al Gobierno (responsable último de la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI), teniendo en cuenta que la actual situación económica de la empresa refleja una previsión de beneficios de 2 millones de euros en el ejercicio 2015 y un incremento de la producción del 63 por ciento, respecto al año pasado (660 millones de euros). Por tanto, las circunstancias económicas que lo motivaron han cambiado de manera sustancial respecto a 2013, cuando se registraban pérdidas.
Tal y como ha manifestado la compañía, TRAGSA no tiene un problema con el número de trabajadores en platilla, sino con su coste. Por ello, aprovechándose de la actual reforma laboral, pretenden cambiar puestos de trabajo fijos por otros eventuales y precarios. Por eso se pueden producir nuevas contrataciones de trabajadores recientemente despedidos.
Desde CSIF, apelamos al sentido común y a la voluntad política del Gobierno en funciones para evitar esta situación.
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