lunes, 13 de abril de 2015

Centenares de funcionarios claman en Madrid contra la privatización del Registro Civil

Centenares de funcionarios claman en Madrid contra la privatización del Registro Civil



El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes una Resolución del Ministerio de Justicia por la que encomienda la gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España por 4 millones de euros. Esta medida supone un primer adelanto económico al colectivo de registradores por la gestión de este servicio público.
Hoy más que nunca, hay motivos para participar. CSIF, como sindicato mayoritario, está junto a los trabajadores. “No a la Privatización del Registro Civil”“El Registro Civil es público, es tuyo, es de todos”.

 

CSF advierte al ministro de Justicia de que esta manifestación tiene un carácter ciudadano y profesional, dado que está convocada y secundada por funcionarios y ciudadanos, no por partidos políticos. No es por tanto una manifestación política como señala el ministro,

 

Los funcionarios de Justicia estamos hartos del desprecio del Ministerio hacia nuestras propuestas alternativas de modernización del Registro civil. Ni una sola vez, en dos años y medio, se nos ha convocado para negociar de manera seria nuestra propuesta alternativa para un Registro civil moderno. Y qué casualidad, unas horas antes de celebrarse la manifestación, se nos convoca “urgentemente” para hablarnos de no sabemos muy bien qué.

 

Los funcionarios de Justicia con esta manifestación, una vez más, demostramos que existe alternativa. Que existen medidas que se pueden adoptar en el corto plazo y medidas para aplicar en el medio y largo plazo que permitirían modernizar el servicio aprovechando el capital humano con la formación experiencia y potencial que atesoran los funcionarios de Justicia en vez de tirarlo a la basura. Es decir, los funcionarios de Justicia hacen una propuesta profesional no política.

 

Esta manifestación, a la que se han adherido asociaciones profesionales del mundo de la Justicia y colectivos sociales varios, demuestra que no existe el más mínimo consenso sobre la reforma que pretende llevar a cabo. Ni siquiera los propios Registradores están de acuerdo con el modelo irreal que les impone el Gobierno para gestionar el Registro civil a su costa.

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