El Gobierno debe traducir en hechos sus buenas palabras hacia los empleados públicos

El Gobierno debe traducir en hechos sus buenas palabras hacia los empleados públicos

CSI-F reclama al Gobierno que empiece por devolver la paga extra

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) valoró hoy de manera positiva que el Gobierno haya decidido compensar los recortes realizados sobre los empleados públicos cuando las circunstancias económicas lo permitan, pero considera que debe traducir estas buenas palabras en hechos.

De entrada, CSI-F reclama que el Gobierno incluya un crédito extraordinario en los próximos Presupuestos Generales del Estado para devolver la paga extra devengada antes de la entrada en vigor del decreto de recortes, tal y como están reconociendo los tribunales de justicia en todo el Estado y la Defensora del Pueblo.

De hecho, CSI-F ha remitido al Gobierno esta propuesta, así como al resto de los grupos parlamentarios para que incluyan esta cuestión en las enmiendas parciales.

En lo que se refiere a los días de libre disposición, CSIF considera de justicia que se devuelva la totalidad, porque este recorte fue un ataque gratuito a las condiciones laborales de los empleados públicos, que además no se traduce en un efecto económico en las cuentas del Estado, aunque así se quiera trasladar a Bruselas.

Las palabras de Montoro responden a las presiones realizadas por este sindicato a lo largo de los últimos meses. Este tipo de cuestiones se deben de abordar en mesa de negociación.

Por tanto, CSI-F reclama al Ministerio de Hacienda la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar la mejora de las retribuciones en un período de tiempo razonable, conforme se vaya avanzando en la recuperación. Agradecemos las buenas palabras del ministro sobre la labor y el sacrificio realizado por los empleados públicos; hubiera sido bueno escuchar estos mensajes de apoyo en el comienzo de la crisis, pero no son suficientes.

En estos momentos, hay más de 2,5 millones de empleados públicos pendientes de las decisiones del Gobierno que, han perdido en torno a un 30 por ciento de su poder adquisitivo.