Muface asegura que atenderá las quejas de funcionarios enviadas por CSIF por falta de atención sanitaria y penalizará a las compañías que incumplan el concierto
·CSIF traslada las quejas de afectados y exige a Hacienda que garantice la viabilidad financiera del modelo
·La campaña www.change.org/salvemosmufaceisfascuenta ya con más de 131.000 firmas para que el Gobierno garantice la asistencia a este colectivo
El director general de Muface, Gustavo Blanco, se comprometió hoy con CSIF a atender las quejas de funcionarios, tramitadas por este sindicato, que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que ha sufrido la mutua Muface.
En el marco de la reunión del Consejo General de esta entidad, los responsables de Muface negaron que exista una situación de desprotección, tal y como viene denunciando de manera sistemática nuestro sindicato, pero se vio obligado a admitir la evidencia de las quejas individuales y aseguró que serán atendidas para subsanar la situación.
·La campaña www.change.org/salvemosmufaceisfascuenta ya con más de 131.000 firmas para que el Gobierno garantice la asistencia a este colectivo
El director general de Muface, Gustavo Blanco, se comprometió hoy con CSIF a atender las quejas de funcionarios, tramitadas por este sindicato, que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que ha sufrido la mutua Muface.
En el marco de la reunión del Consejo General de esta entidad, los responsables de Muface negaron que exista una situación de desprotección, tal y como viene denunciando de manera sistemática nuestro sindicato, pero se vio obligado a admitir la evidencia de las quejas individuales y aseguró que serán atendidas para subsanar la situación.
Además, aseguró que penalizará a aquellas aseguradoras si incumplen con el concierto pactado y no garanticen el acceso a los medios asistenciales o si vulneran el principio de continuidad asistencial para pacientes en tratamiento por patologías graves al obligarles a cambiar de centro sanitario.
Desde comienzos de año, CSIF ha detectado que los recortes en las mutuas han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos. Consciente de la gravedad, la Defensora del Pueblo adjunta también ha ofrecido actuar de urgencia.
Situación de Indefensión
Aunque, teóricamente, el Gobierno asegura su continuidad asistencial (eso sí, como máximo un año) lo cierto es que la burocracia y el silencio administrativo está generando una situación de indefensión sobre un colectivo especialmente vulnerable y que resumimos en los siguientes puntos:
1.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y el Ministerio de Defensa han realizado una dejadez de funciones dado que no han informado a los pacientes de los cambios en su asistencia sanitaria. Los pacientes han constatado esta situación a posteriori, en el propio centro hospitalario, en el momento en el que les denegaron su asistencia (quimioterapia, radioterapia, consulta, urgencias, etc.).
2.- A partir de ese momento, los pacientes se han visto obligados a iniciar un ‘peregrinaje’ burocrático en diferentes centros, sin que la Administración les haya facilitado directamente un trámite de urgencia para facilitar la alternativa asistencial.
3.- Esta circunstancia ha provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en su centro habitual. De hecho, en estos momentos (a fecha de 24 de febrero), dos meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto, muchos pacientes aún no han obtenido respuesta.
4.- Asimismo, en los casos puntuales en los que el paciente ha conseguido mantener su médico habitual (oncólogo, cardiólogo), tiene que desplazarse a otros centros para seguir recibiendo el tratamiento, pruebas diagnósticas e incluso las urgencias. De esta manera se ha disgregado el tratamiento integral que requieren los pacientes con patologías tan graves, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.
5.- Se da la circunstancia además de que los funcionarios civiles, militares, guardias civiles y policías, aunque lo quisieran, ya no tienen oportunidad de optar por el cambio de tratamiento al Régimen General de la Seguridad Social, dado que cuando tuvieron constancia de su situación el plazo ya había expirado (31 de enero de 2015).
Estos problemas se agravarán si el Ejecutivo no diseña un plan de viabilidad.
CSI-F también ha iniciado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, así como una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org (www.change.org/salvemosmufaceisfas) que cuenta con más de 131.000 muestras de apoyo procedentes de toda España, para que el Gobierno mantenga la asistencia a este colectivo.
Desde comienzos de año, CSIF ha detectado que los recortes en las mutuas han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos. Consciente de la gravedad, la Defensora del Pueblo adjunta también ha ofrecido actuar de urgencia.
Situación de Indefensión
Aunque, teóricamente, el Gobierno asegura su continuidad asistencial (eso sí, como máximo un año) lo cierto es que la burocracia y el silencio administrativo está generando una situación de indefensión sobre un colectivo especialmente vulnerable y que resumimos en los siguientes puntos:
1.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y el Ministerio de Defensa han realizado una dejadez de funciones dado que no han informado a los pacientes de los cambios en su asistencia sanitaria. Los pacientes han constatado esta situación a posteriori, en el propio centro hospitalario, en el momento en el que les denegaron su asistencia (quimioterapia, radioterapia, consulta, urgencias, etc.).
2.- A partir de ese momento, los pacientes se han visto obligados a iniciar un ‘peregrinaje’ burocrático en diferentes centros, sin que la Administración les haya facilitado directamente un trámite de urgencia para facilitar la alternativa asistencial.
3.- Esta circunstancia ha provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en su centro habitual. De hecho, en estos momentos (a fecha de 24 de febrero), dos meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto, muchos pacientes aún no han obtenido respuesta.
4.- Asimismo, en los casos puntuales en los que el paciente ha conseguido mantener su médico habitual (oncólogo, cardiólogo), tiene que desplazarse a otros centros para seguir recibiendo el tratamiento, pruebas diagnósticas e incluso las urgencias. De esta manera se ha disgregado el tratamiento integral que requieren los pacientes con patologías tan graves, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.
5.- Se da la circunstancia además de que los funcionarios civiles, militares, guardias civiles y policías, aunque lo quisieran, ya no tienen oportunidad de optar por el cambio de tratamiento al Régimen General de la Seguridad Social, dado que cuando tuvieron constancia de su situación el plazo ya había expirado (31 de enero de 2015).
Estos problemas se agravarán si el Ejecutivo no diseña un plan de viabilidad.
CSI-F también ha iniciado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, así como una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org (www.change.org/salvemosmufaceisfas) que cuenta con más de 131.000 muestras de apoyo procedentes de toda España, para que el Gobierno mantenga la asistencia a este colectivo.
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