Los políticos que votaron en secreto para protegerse no pueden pedir a los empleados públicos que incurran en una ilegalidad
30 de Octubre de 2017
La primera jornada laboral en aplicación del artículo 155 de la Constitución ha comenzado con normalidad en la administración catalana, a la espera de conocer nuevos detalles de la medida autorizada por el Senado y puesta en marcha por el Gobierno, tal y como ha constatado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.
CSIF valora la profesionalidad de los empleados públicos en Cataluña, que están sacando adelante los servicios públicos en esta comunidad autónoma en unas circunstancias muy difíciles por la situación política. CSIF confía en que actuarán conforme a la legalidad, como no puede ser de otra manera, por encima de las presiones.
CSIF rechaza la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament de Cataluña y la actuación irresponsable de las autoridades de la Generalitat, situándose al margen de la Ley y provocando una fractura social en la ciudadanía. En este sentido, CSIF manifiesta su apoyo a la aplicación de este artículo y de las medidas que se adopten para defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
El desarrollo del artículo 155 de la Constitución dará protección a los empleados públicos que se nieguen a acatar órdenes ilegales de la Generalitat de Cataluña, en el caso de que mantengan su pretensión de llevar a cabo el ‘proces’. Esta decisión recoge el espíritu del protocolo redactado por CSIF y el compromiso que nos trasladó la vicepresidenta del Gobierno.
CSIF entiende que los políticos catalanes que el pasado viernes votaron en secreto en el Parlament de Cataluña, no pueden reclamar a los empleados públicos que incurran en una ilegalidad. En todo caso, CSIF velará porque los empleados públicos no se vean en esta tesitura, también en los ayuntamientos, donde recomendamos que se pida la orden por escrito y se denuncie a la fiscalía si se sospecha de su ilegalidad.
CSIF, en el ámbito de su responsabilidad, trabajará para recabar la información por parte del Gobierno sobre las medidas adoptadas, en el marco del artículo 155 de la Constitución, y analizar sus consecuencias sobre el ejercicio profesional de los empleados públicos, con el fin de que velar por sus condiciones laborales.
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