CSIF abordó con la vicepresidenta, el pasado mes de mayo, la necesidad de dar seguridad jurídica a los empleados públicos ante una coyuntura como la actual
23 de Octubre de 2017
El desarrollo del artículo 155 de la Constitución dará protección a los empleados públicos que se nieguen a acatar órdenes ilegales de la Generalitat de Cataluña, en el caso de que mantenga su pretensión de llevar a cabo el ‘proces’ y decidan proclamar la declaración unilateral de la independencia.
El acuerdo del Consejo de Ministros sobre el artículo 155 recoge el contenido de la reunión mantenida el 10 de mayo de 2017 entre el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En ese encuentro, la vicepresidenta trasladó a CSIF un mensaje de tranquilidad porque, según dijo, el Estado velará por la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.
Pues bien, la medida E.7. del acuerdo del Consejo de Ministros sobre “seguridad jurídica de los funcionarios públicos o empleados sujetos al régimen laboral de la Generalitat” señala expresamente que la incoación de expedientes sancionadores por parte de la Generalitat al personal que se oponga a medidas contrarias a la Constitución “serán nulos de pleno derecho e ineficaces”.
Este acuerdo del Consejo de Ministros recoge además el espíritu del protocolo que preparó CSIF en 2015, cuando se inició el proceso soberanista, para proteger a los empleados públicos ante órdenes emanadas de la Generalitat que entraran en contradicción con la Constitución y el Estatuto de Catalana.
Apoyo a la aplicación del 155
CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha manifestado su apoyo a la decisión adoptada para restablecer el orden constitucional en Cataluña.
En este sentido, CSIF apoyará igualmente las medidas que adopte el Senado en los próximos días resultado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para garantizar la legalidad y las funciones de la administración catalana, en el ámbito del Estatuto de Autonomía, con el fin de preservar los servicios que reciben los ciudadanos y el normal funcionamiento del Estado.
CSIF, en el ámbito de su responsabilidad y su representatividad en la administración catalana, trabajará para recabar la información por parte del Gobierno sobre las medidas adoptadas y analizar sus consecuencias sobre el ejercicio profesional de los empleados públicos, con el fin de velar por sus condiciones laborales.
Esperamos que la Generalitat colabore y acepte las medidas que determine el Senado, para devolver cuanto antes la normalidad institucional. En este sentido, CSIF, durante este proceso, velará por la seguridad jurídica de los empleados públicos, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, a través de nuestro protocolo puesto en marcha en 2015.
Esperamos que la Generalitat colabore y acepte las medidas que determine el Senado, para devolver cuanto antes la normalidad institucional. En este sentido, CSIF, durante este proceso, velará por la seguridad jurídica de los empleados públicos, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, a través de nuestro protocolo puesto en marcha en 2015.
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