La Seguridad Social contemplará como agresiones las amenazas verbales a los empleados públicos
- CSI-F acuerda con la Seguridad Social un protocolo pionero para prevenir la violencia a empleados públicos en su puesto de trabajo
- La Administración enviará un informe a la fiscalía y prestará asistencia letrada.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social contemplará como episodio de violencia las conductas verbales o físicas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, a efectos de prevenir y contabilizar las agresiones.
Así se contempla en un Protocolo de Actuación en casos de Agresiones a Empleados Públicos acordado con CSI-F y que el Ministerio de Empleo pondrá en marcha, como experiencia piloto, en las oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real. El protocolo también contempla la elaboración de un registro y estadística anual de situaciones violentas que sufren los trabajadores. Hasta el momento, no existen datos sistematizados, aunque la información de los delegados sindicales evidencia que existe una realidad silenciosa, y así lo reconoce también la propia Administración con este protocolo.
Así se contempla en un Protocolo de Actuación en casos de Agresiones a Empleados Públicos acordado con CSI-F y que el Ministerio de Empleo pondrá en marcha, como experiencia piloto, en las oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real. El protocolo también contempla la elaboración de un registro y estadística anual de situaciones violentas que sufren los trabajadores. Hasta el momento, no existen datos sistematizados, aunque la información de los delegados sindicales evidencia que existe una realidad silenciosa, y así lo reconoce también la propia Administración con este protocolo.
Esta iniciativa ha sido posible tras la campaña de concienciación iniciada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, tras detectar un incremento exponencial de este tipo de situaciones violentas desde el inicio de la crisis económica.
Nuestras reivindicaciones hicieron posible la puesta en marcha de una póliza de seguros en las oficinas de empleo. Ahora damos un paso más con la puesta en marcha de este protocolo, que amplía el concepto de violencia más allá de la mera agresión física, y que esperamos se extienda pronto en el conjunto de la Administración General del Estado, así como en comunidades y ayuntamientos.
El documento, acordado con CSI-F, establece una serie de indicaciones específicas y grados de alerta para actuar en el caso de que se produzcan agresiones, desde la solicitud de ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y personal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y la atención del trabajador agredido.
Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra los funcionarios/as públicos/as.
CSI-F se felicita de este acuerdo, porque supone un avance en la sensibilización social y dar visibilidad a este tipo de situaciones que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada.
Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra. Pero Administración y CSI-F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg que esconde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar, con todos los recursos públicos disponibles para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos
Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.
Nuestras reivindicaciones hicieron posible la puesta en marcha de una póliza de seguros en las oficinas de empleo. Ahora damos un paso más con la puesta en marcha de este protocolo, que amplía el concepto de violencia más allá de la mera agresión física, y que esperamos se extienda pronto en el conjunto de la Administración General del Estado, así como en comunidades y ayuntamientos.
El documento, acordado con CSI-F, establece una serie de indicaciones específicas y grados de alerta para actuar en el caso de que se produzcan agresiones, desde la solicitud de ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y personal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y la atención del trabajador agredido.
Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra los funcionarios/as públicos/as.
CSI-F se felicita de este acuerdo, porque supone un avance en la sensibilización social y dar visibilidad a este tipo de situaciones que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada.
Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra. Pero Administración y CSI-F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg que esconde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar, con todos los recursos públicos disponibles para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos
Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.
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