CSI-F convoca movilizaciones en septiembre que culminarán en huelga en los registros civiles de toda España

CSI-F convoca movilizaciones en septiembre que culminarán en huelga en los registros civiles de toda España

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, iniciará el próximo mes de septiembre una campaña de movilizaciones (concentraciones, manifestaciones, encierros) que culminarán en una convocatoria de huelga en contra de la privatización del Registro Civil aprobada el próximo viernes por el Consejo de Ministros.

De manera paralela, CSI-F va iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, además de estudiar todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para detener ‘in extremis’ este proceso de privatización.

CSI-F también está en conversaciones con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad, que se ven afectados por el proceso de fusión de registros que planea el departamento de Alberto Ruíz Gallardón para que se sumen a las protestas y de esta manera promover una movilización global en los registros civiles y privados de toda España.
 

El traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil, deja en una situación de incertidumbre a miles de funcionarios dependientes de las comunidades autónomas, cuyo futuro y estabilidad laboral, el Ministerio de Justicia no garantiza.
 

A esta medida hay que sumar el nuevo proyecto de demarcación territorial de los Registros lo que también supondrá destrucción de empleo que afectará de manera directa al colectivo de trabajadores de los Registros Mercantiles.

Por otra parte, afectará a la gratuidad del servicio público (aunque hoy el Ministerio lo niegue), previsiblemente a través de futuros aranceles que recaerán en los bolsillos de los ciudadanos. 

Este proyecto ha sido impulsado a espaldas de los sindicatos y sin contar con la unanimidad de las diferentes comunidades autónomas con competencias en materia de justicia (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Aragón)

CSI-F está poniendo todo la carne en el asador para evitar ‘in extremis’ que el Gobierno lleve a cabo esta medida injusta y que resta valor a la profesionalidad y la experiencia de los funcionarios de justicia, que son los verdaderos especialistas en la gestión del registro civil. Por tanto, en las próximas horas, tras conocer el contenido del Decreto, anunciará las medidas que adoptará contra esta decisión injusta.