Los Ayuntamientos comienzan a reconocer parte de la paga extra de diciembre

Los Ayuntamientos comienzan a reconocer parte de la paga extra de diciembre

Villafranca de los Barros (Badajoz), atiende la demanda de los sindicatos, primera resolución positiva contra la retirada de la paga extra en el ámbito administrativo

El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha reconocido el derecho de sus empleados públicos a recibir parte de la paga extra retraída por el Gobierno las pasadas navidades. En concreto, devolverá la parte correspondiente entre el 1 de junio (cuando se empieza a devengar la paga extra) y el 14 de julio, cuando entró en vigor el decreto de recortes. Se trata la primera victoria sindical contra el decreto de recortes del Gobierno que se produce en el ámbito administrativo y por tanto, afecta a personal funcionario.
Hasta ahora las resoluciones positivas únicamente afectaban a personal que se rige por el Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno debe tomar buena nota. La resolución se ha logrado tras un recurso de reposición presentado por la Junta de Personal del Ayuntamiento, en el que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha sido parte activa.

CSI-F espera que el resto de ayuntamientos españoles sigan este mismo criterio en los diferentes conflictos planteados en el conjunto del Estado. Esta victoria sindical se suma a la reciente cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional (1 de marzo) en relación a la empresa pública tabaquera Cetarsa, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (22 de enero) contra la Agencia de Informática de esta comunidad autónoma.

El Juzgado Social número 1 de Mataró también se ha pronunciado recientemente sobre el asunto, sentenciando que la empresa pública Aigües de Mataró debe igualmente devolver parte del recorte que aplicó en el sueldo de sus trabajadores en 2012. CSI-F recuerda asimismo que estas decisiones coinciden con el criterio de la Defensora del Pueblo y exige al Gobierno que devuelva estas cantidades al conjunto de los empleados públicos (en el caso del personal funcionario, la parte devengada asciende a 44 días, frente a los 14 del personal laboral).
CSI-F ha utilizado los mismos argumentos de la sentencia en las diferentes demandas presentadas en todos los niveles de la Administración por lo que confía en que esta devolución se deberá producir a todos los trabajadores. En todo caso, advierte de que llegará hasta el final.
Lo que comenzó con una reivindicación sindical es ya un clamor en el conjunto de las Administraciones Públicas. CSI-F considera que el Gobierno no puede obcecarse porque antes o después tendrá que devolver lo que nunca debió haber quitado a los trabajadores de las administraciones.

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