Justicia ultima el proyecto para traspasar la titularidad de Registros Civiles a los registradores de la propiedad
El Ministerio de Justicia está ultimando el anteproyecto de Ley por el que se pretende traspasar la titularidad de los Registros Civiles a los registradores de la Propiedad Mercantil y de la Propiedad.
Aunque aún no hay fecha para llevarlo al Consejo de Ministros, la previsión es que los registradores se hagan cargo de esta competencia en el periodo comprendido entre junio de 2014 y el 1 de enero de 2015. En el marco de una reunión mantenida esta semana con los sindicatos, el subsecretario de Justicia aseguró que los actos inscribibles obligatorios (nacimiento, defunción, etcétera) seguirán siendo gratuitos para el conjunto de los ciudadanos.
De concretarse, sería una nueva rectificación en toda regla del ministro Gallardón, gracias a la presión ciudadana y de los colectivos que integran la Plataforma Justicia Para Todos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, también ha obtenido el compromiso verbal de que este traspaso “de ninguna manera” supondrá una amortización de plazas, ni las cubiertas por personal interino, ni las del personal funcionario con plaza fija.
En todo caso, según el Ministerio, se garantizará el mantenimiento de las mismas procediendo a una reordenación de efectivos en la actividad jurisdiccional. De la misma manera, se garantizará el empleo de los funcionarios destinados actualmente en la Dirección General de Registros y Notariado, reordenando su destino dentro de la Administración General del Estado.
CSI-F exige que este compromiso se plasme en Mesa Sectorial con las diferentes organizaciones sindicales. Mientras tanto, el sindicato mantendrá su posición vigilante y no descarta ninguna movilización, hasta conocer el detalle del anteproyecto que prepara el Gobierno.
Por otra parte, CSI-F valora de manera positiva que el Ministerio haya modificado la Ley de Tasas para reconocer a los funcionarios la exención del 60 por ciento en la segunda instancia, equiparándoles de esta manera al resto de los trabajadores en el orden social. No obstante esta modificación es insuficiente porque las cuantías fijas que debe afrontar un empleado público son aún superiores (120 euros más en apelación y 180 en casación).
La Ley de tasas tampoco elimina la condena en costas (gastos de abogado y procurador de la parte contraria, cuando se pierde), convirtiéndose en un claro elemento disuasorio a la hora de defender los derechos laborales por parte de los empleados públicos.
Pese a esta discriminación, CSI-F también valora de manera positiva que la futura Ley de Justicia Gratuita contemple la exención de tasas de las organizaciones sindicales y órganos de representación en la defensa de los derechos laborales en el ámbito contencioso administrativo.
Además, el Ministerio ha trasladado a los sindicatos que los funcionarios volverán a recuperar su facultad de postulación (es decir, representarse a sí mismos sin necesidad de abogado y procurador) a través de la futura Ley de Justicia Gratuita. Esta facultad también había sido anulada por la Ley de Tasas.
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