CSI·F valora de manera positiva la dimisión de Gallardón

CSI·F valora de manera positiva la dimisión de Gallardón

Esperamos que se nombre un nuevo ministro más comprometido con el servicio público de la justicia y sus trabajadores

 

 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios –sindicato mayoritario en el sector de Justicia— valoró de manera positiva la dimisión de Alberto Ruíz Gallardón al frente de su departamento y reclamó al Gobierno el nombramiento de un nuevo Ministro que inicie una nueva etapa que ponga freno a la privatización del sector y tenga mayor compromiso en la defensa de sus trabajadores.

 

CSI-F considera que la polémica suscitada en torno al proyecto de Ley del Aborto es la gota que ha colmado el vaso (la guinda) a una gestión muy desacertada en todos los ámbitos de su departamento, especialmente en asuntos como la Ley de Tasas, la privatización del Registro Civil y la pretensión de privatizar los actos de ejecución y comunicación. Todo un proyecto de reforma de la justicia que atentaba contra los derechos de trabajadores y ciudadanos.

CSI-F recuerda que en estos momentos se encuentran pendiente de negociación diversos asuntos relativos a las condiciones de trabajo del colectivo. En fechas recientes, CSI-F alcanzó un preacuerdo con el Ministerio que evita, entre otros, la destrucción de puestos de trabajo y la movilidad forzosa de miles de funcionarios.

 

CSI·F espera que el nuevo titular retire el anteproyecto de la LOPJ e inicie una nueva etapa de negociación donde se mejore el texto actual en los términos que se habían pactado con los sindicatos y que deje sin efecto la privatización del Registro Civil.

 

Para CSI•F, en la Justicia, hacen falta menos declaraciones grandilocuentes y más diálogo a la hora de poner en marcha los proyectos que deben modernizar la Justicia, para hacerla más ágil y más cercana al ciudadano.

 

CSI·F espera que el nuevo titular de Justicia apueste por el capital humano que presta sus servicios en la Administración, frene la privatización iniciada y dote a la misma de los recursos humanos y materiales necesarios para tener una Administración de Justicia gratuita, ágil, accesible y que de respuesta inmediata a las necesidades y demandas de los ciudadanos.