CSI-F propone una reserva de puestos en la Administración para mujeres maltratadas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) propuso hoy al Gobierno la reserva de un cupo de plazas en la administración no inferior al dos por ciento para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género. CSI-F pide al Ministerio de Sanidad que valore esta propuesta en el marco de las reuniones que va a llevar a cabo para afrontar el repunte de este problema, que comienzan hoy con el Observatorio Estatal de la Violencia de la Mujer.
Esta medida va dirigida a ofrecer una salida laboral digna a estas mujeres o ayudarles a continuar con su carrera profesional. Cada administración pública adoptaría las medidas precisas para preservar la confidencialidad de los datos personales a lo largo de todo el proceso selectivo y una vez conseguida la plaza.
Esta medida va dirigida a ofrecer una salida laboral digna a estas mujeres o ayudarles a continuar con su carrera profesional. Cada administración pública adoptaría las medidas precisas para preservar la confidencialidad de los datos personales a lo largo de todo el proceso selectivo y una vez conseguida la plaza.
CSI-F ha trasladado esta propuesta a la Comisión de Igualdad para combatir la violencia de género y promover la igualdad y la conciliación en las administraciones públicas y que espera abordar próximamente con los grupos parlamentarios.
CSI-F también plantea la elaboración de un protocolo en el conjunto de las administraciones públicas para prevenir los casos de violencia de género y en último término la muerte de mujeres a manos de su pareja, favoreciendo la movilidad, preservando la confidencialidad y sus condiciones laborales y sin merma retributiva.
Las propuestas incluyen asimismo una modificación de la Ley de Familias Numerosas para incluir en esta definición a las familias constituidas por víctimas de violencia de género, es decir, mujeres que están a cargo de sus hijos tras la separación u orden de de alejamiento.
CSI-F también plantea la elaboración de un protocolo en el conjunto de las administraciones públicas para prevenir los casos de violencia de género y en último término la muerte de mujeres a manos de su pareja, favoreciendo la movilidad, preservando la confidencialidad y sus condiciones laborales y sin merma retributiva.
Las propuestas incluyen asimismo una modificación de la Ley de Familias Numerosas para incluir en esta definición a las familias constituidas por víctimas de violencia de género, es decir, mujeres que están a cargo de sus hijos tras la separación u orden de de alejamiento.
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