Hacienda se suma al protocolo de CSIF para proteger a los funcionarios catalanes
- CSIF se felicita de que el Ministerio establezca también un canal de comunicación para que los funcionarios denuncien actos ilegales
- El sindicato lanzó la semana pasada modelos de denuncias ante la Inspección y Fiscalía y ofrece un seguro para casos de suspensión de empleo y sueldo
- El sindicato lanzó la semana pasada modelos de denuncias ante la Inspección y Fiscalía y ofrece un seguro para casos de suspensión de empleo y sueldo
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha seguido los pasos de CSIF y ha puesto en marcha un canal de comunicación con los funcionarios catalanes para que puedan consultar o informar sobre posibles actos ilegales que pudieran cometer las autoridades, en el marco del proceso soberanista.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones, presentó la semana pasada un protocolo de actuación que pretende "blindar" a los funcionarios catalanesy protegerles ante órdenes de dudosa legalidad que pudieran producirse en el marco del proceso soberanista.
El sindicato ofrece una guía con instrucciones sencillas y modelos de reclamación para las diferentes situaciones que pudieran plantearse a los empleados públicos en el caso de que las instituciones de la Generalitat avancen en sus planes independentistas. Desde el respeto a las diferentes opciones políticas, CSIF señala una serie de pautas, desde el punto de vista jurídico, ante la disyuntiva o situaciones de presión que pudiera generarse en un empleado público ante una orden o instrucción de un superior jerárquico.
Además, ha puesto en marcha un seguro gratuito para sus afiliados, para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo.
Protocolo de actuación
De entrada, el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar,y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.
Los protocolos pretenden responder a situaciones contradictorias y antepone en todo momento la seguridad jurídica y el interés de los empleados públicos.
CSIF, sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas, por primera vez en su historia, obtuvo representación en los organismos de la Generalitat, con presencia por tanto en la mesa de negociación de los funcionarios, en las elecciones del pasado mes de febrero. Estos resultados ponen de manifiesto que los trabajadores catalanes demandan una opción sindical independiente y profesional, alternativa a las organizaciones tradicionales. Además, CSIF tiene una presencia mayoritaria en los sectores catalanes de Prisiones, Justicia y Universidad.
Además, ha puesto en marcha un seguro gratuito para sus afiliados, para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo.
Protocolo de actuación
De entrada, el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar,y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.
Los protocolos pretenden responder a situaciones contradictorias y antepone en todo momento la seguridad jurídica y el interés de los empleados públicos.
CSIF, sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas, por primera vez en su historia, obtuvo representación en los organismos de la Generalitat, con presencia por tanto en la mesa de negociación de los funcionarios, en las elecciones del pasado mes de febrero. Estos resultados ponen de manifiesto que los trabajadores catalanes demandan una opción sindical independiente y profesional, alternativa a las organizaciones tradicionales. Además, CSIF tiene una presencia mayoritaria en los sectores catalanes de Prisiones, Justicia y Universidad.
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