CSIF ofrece a los funcionarios catalanes un protocolo para protegerles ante órdenes de dudosa legalidad en el proceso soberanista

CSIF ofrece a los funcionarios catalanes un protocolo para protegerles ante órdenes de dudosa legalidad en el proceso soberanista

- El sindicato diseña un formulario para pedir la orden por escrito y modelos de  denuncias ante los órganos de inspección y Fiscalía
- CSIF pone en marcha una línea de consulta jurídica y ofrecerá un seguro para casos de suspensión de empleo y sueldo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones, presentó hoy un protocolo de actuación que pretende "blindar" a los funcionarios catalanes y protegerles ante órdenes de dudosa legalidad que pudieran producirse en el marco del proceso soberanista.

El sindicato –que celebró hoy en Barcelona una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, para trasladar su respaldo expreso a los compañeros de esta comunidad autónoma—presentó una guía con instrucciones sencillas y modelos de reclamación para las diferentes situaciones que pudieran plantearse a los empleados públicos en el caso de que las instituciones de la Generalitat avancen en sus planes independentistas.

Desde el respeto a las diferentes opciones políticas, CSIF ofrece una serie de pautas, desde el punto de vista jurídico, ante la disyuntiva o situaciones de presión que pudiera generarse en un empleado público ante una orden o instrucción de un superior jerárquico.

Además, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó la puesta en marcha de un seguro gratuito para sus afiliados, para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo.

Protocolo de actuación

De entrada, el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera,  se pretende  salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar,y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.

Los protocolos pretenden responder a situaciones contradictorias y antepone en todo momento la seguridad jurídica y el interés de los empleados públicos."La Generalitat puede actuar administrativamente contra un funcionario si no cumple una orden suya y la Administración General del Estado puede actuar judicialmente contra él si entiende que ha cumplido una orden que no tenía que cumplir. Haga una cosa o la otra, el trabajador puede tener problemas. Eso es lo que tratamos de resolver", destaca el presidente del sindicato.

CSIF, sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas, por primera vez en su historia, obtuvo representación en los organismos de la Generalitat, con presencia por tanto en la mesa de negociación de los funcionarios, en las elecciones del pasado mes de febrero. Estos  resultados ponen de manifiesto que los trabajadores catalanes demandan una opción sindical independiente y profesional, alternativa a las organizaciones tradicionales. Además, CSIF tiene una presencia mayoritaria en los sectores catalanes de Prisiones, Justicia y Universidad.