CSI-F reclama al Gobierno que atienda a la Defensora del Pueblo y devuelva a los empleados públicos una cuarta parte de la paga de Navidad
El sindicato lamenta que la Defensora del Pueblo deje en saco roto la
petición de amparo de 2.6 millones de empleados públicos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, reclamó hoy al
Gobierno que atienda las recomendaciones del Defensor del
Pueblo y devuelva a los empleados públicos por lo menos una parte de
la paga extra de Navidad. Esta parte corresponde a la cuantía de la paga extra
no devengada, teniendo en cuenta que el Real Decreto se publicó el 13 de julio y
la paga extra se empieza a calcular, a partir del mes de junio.
No obstante, CSI-F considera esta disposición insuficiente y
lamenta que la Defensora del Pueblo se hay inhibido en la presentación del
recurso de inconstitucionalidad en favor del Parlamento de Navarra,
institución que ha presentado un recurso previo.
Para CSI-F, la Defensora del Pueblo es un órgano independiente, encargado
de velar por los derechos del conjunto de los españoles, y con esta
decisión deja en saco roto la petición de amparo de 2,6 millones de empleados
públicos del conjunto de las Administraciones Públicas, y por extensión
de sus familias.
Por ello, CSI-F y el resto de los sindicatos de la función pública
próximamente darán traslado de los mismos argumentos políticos a los grupos
parlamentarios para que emprendan un recurso similar ante el
Constitucional.
En la misma línea, CSI-F pedirá a los grupos parlamentarios que
enmienden el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo
año para que habiliten fórmulas adicionales a las aportaciones a planes
de pensiones y contrato de seguro colectivos, de modo que puedan beneficiarse
todos los empleados públicos afectados por la medida.
La Defensora del Pueblo señaló ayer en sus recomendaciones la necesidad de
modificar el Real Decreto para concretar su alcance y ampliar fórmulas de
resarcimiento futuro. “Esta afirmación supone un reconocimiento
implícito de que el Gobierno ha volcado injustamente el peso de los ajustes
sobre los hombros de los empleados públicos”, concluye
CSI-F.
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