15 de Enero de 2019
LO QUE CCOO Y UGT NO DICEN DEL ACUERDO:
1.- Subida salarial del 2’25% en el mes de enero y posible incremento del 0’25% en el mes de julio:
Es fruto del Acuerdo suscrito por CSIF, CCOO y UGT el 9 de marzo de 2018 con el gobierno de Rajoy. Es de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas. Un incremento que, si dependiese del gobierno de Feijóo, nunca hubiera tenido lugar.
2.- Incremento del 0’25% en concepto de Fondos Adicionales:
También fruto del Acuerdo de 09 de marzo de 2018. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Pero este incremento sólo será aplicado al colectivo de Agentes Forestales y Medioambientales, gracias a un Acuerdo firmado en octubre de 2018 por CIG, CCOO y UGT, dejando fuera al resto de los empleados públicos. Y que, por tal motivo, no contó con el apoyo de CSIF.
3.- Reducción de la tasa de temporalidad al 7% e incremento de la tasa de reposición de efectivos:
Igualmente, fruto del Acuerdo del 09 de marzo de 2018, firmando con el gobierno de Rajoy con CSIF, CCOO y UGT. No obstante, en la OPE 2018 las plazas cuantificadas para los procesos de estabilización y consolidación se fijaron ya de modo opaco, arbitrario y unilateral por Función Pública.
4.- Carrera Profesional:
a) Funcionarios de Carrera:
I) Subgrupos A1 y A2: Vergonzoso agravio comparativo en el encuadramiento de los grados I, II y III con respecto al resto de los funcionarios.
II) Subgrupos C1, C2 y AP: Brutal diferencia de cuantías con respecto a los subgrupos A1 y A2, aumentado la ya escandalosa brecha salarial entre los diferentes grupos de funcionarios.
III) En ningún caso compensa las cantidades sustraídas en las pagas extraordinarias del 2013 al 2016.
b) Personal Laboral Fijo:
Coacciona al personal laboral a funcionarizarse, vulnerando su derecho a optar a la carrera profesional como personal laboral y con el objetivo de obligarles a renunciar a la jurisdicción social, siempre más beneficiosa que la contenciosa-administrativa a la hora de denunciar los abusos laborales de la Xunta.
c) Funcionarios Interinos y Laborales Temporales:
Discriminación en el encuadramiento excepcional, quedando excluidos del cobro de la carrera profesional hasta transcurrido cinco años. Incluso en el caso de trabajadores con más de 10 años de antigüedad.
5.- Promoción Interna:
a) Funcionarios de Carrera:
A pesar de que el Acuerdo de Madrid, de 09 de marzo de 2018 establece taxativamente el “fomento de la promoción interna”, CCOO y UGT han decidido limitarla a 200 plazas en cada una de las OPE’s 2018-2020, contra las 2.100 plazas de laborales a funcionarizar en ese ese período. También han decidido que los funcionarios no tengan derecho a una promoción interna en las mismas condiciones que el personal laboral tiene para la funcionarización (sustancial reducción de temarios, un solo ejercicio tipo test y una bolsa de preguntas previamente publicada).
b) Laborales Fijos:
Por decisión de CCOO y UGT se ha acordado que el personal laboral pierda su derecho a la promoción interna, a pesar de ser un derecho reconocido en el V Convenio Colectivo.
6.- Concursos de Traslados del Personal Laboral:
El personal laboral fijo pierde su derecho al concurso de traslados. Igualmente, por haberlo así decidido CCOO y UGT.
7.- Conclusión:
El acuerdo en materia de empleo público más importante alcanzado en la historia de la Autonomía gallega establece un nuevo marco de relaciones laborales discriminatorio, excluyente, que limita la promoción profesional y la movilidad y que profundiza la brecha salarial ya existente entre los trabajadores del sector de la Administración General con respecto al resto de sectores de la Administración de la Xunta (Sanidad, Justicia, Enseñanza), con el resto de Administraciones Públicas gallegas (Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Parlamento de Galicia, Valedor do Pobo, etc.), así como con el conjunto del resto de las Comunidades Autónomas.
En próximos días CSIF analizará y dará a conocer en detalle los perjuicios y consecuencias que este acuerdo tendrá para los empleados públicos en el período 2018-2020. Un acuerdo que, como ya denunciamos el pasado 10 de diciembre, fue fraguado en penumbra por Función Pública, CCOO y UGT para la satisfacción de cualesquiera intereses, menos el de los empleados públicos.
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