La supresión de organismos no supondrá la pérdida de empleos, según la Administración

La supresión de organismos no supondrá la pérdida de empleos, según la Administración

CSI-F reclama la convocatoria de las mesas de personal para garantizar las condiciones laborales de los empleados públicos

La supresión y fusión de organismos públicos que previsiblemente aprobará el viernes el Consejo de Ministros no se traducirá en pérdida de empleos, según han trasladado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) los responsables administrativos de los diferentes departamentos afectados.

No obstante, CSI-F ha reclamado la convocatoria de las mesas de personal en todos los departamentos afectados para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo y velará en todo momento por que los procesos de reducción de organismos públicos se produzcan salvaguardando las condiciones de los trabajadores.

Las modificaciones que impulsará el viernes el Gobierno afectarán fundamentalmente, siempre según la Administración, a los organigramas y a la dependencia funcional de los diferentes departamentos y en algún caso puntual supondrá el traslado de edificio. Pero los efectos sobre los recursos humanos serán nulos y se seguirá haciendo el mismo trabajo con las mismas plantillas.

El proceso de mayor envergadura será la fusión en una sola entidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, según ha podido confirmar CSI-F, esta fusión tampoco afectará a los puestos de trabajo y se producirá a medio-largo plazo, es decir, no será inminente.

Desde que CSI-F conoció las intenciones del Gobierno, a través de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se ha estado trabajando para evitar que se produzca un nuevo tijeretazo sobre las plantillas.

Por encima de todo, CSI-F considera que la política de recursos humanos debe abordarse de manera integral para garantizar la pervivencia del modelo de servicio público, más allá de medidas puntuales como esta que prácticamente se quedará en una declaración de intenciones.

Para ello, reclama que se amplíe la tasa de reposición de personal, que se realice un plan de recursos humanos y en consecuencia la convocatoria de una amplia oferta de empleo público. En los últimos años se han destruido más de 300.000 puestos de trabajo y uno de cada dos empleados públicos se jubilará a corto plazo. De no realizarse esta convocatoria de empleo, el sector público está abocado al colapso o a la privatización.