martes, 23 de octubre de 2018

Los traductores de la Audiencia Nacional llevan un mes sin trabajar a la espera de que el Ministerio de Justicia les busque una oficina

Los traductores de la Audiencia Nacional llevan un mes sin trabajar a la espera de que el Ministerio de Justicia les busque una oficina
- CSIF denuncia la situación de abandono de este colectivo, que está en casa sin trabajar, mientras cubre sus funciones una empresa externa
22 de Octubre de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en el sector Justicia, exige al Ministerio de Justicia que solucione de manera urgente la situación de los traductores de la Audiencia Nacional, que llevan un mes en su casa sin poder trabajar a la espera de que la Gerencia de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia les encuentre una oficina en la que poder desarrollar su trabajo.
El trabajo de los traductores es fundamental para numerosos casos judiciales en los que hay que traducir numerosos contratos bancarios formalizados en el extranjero, como por ejemplo, “Gürtel”.
Esta misma Gerencia mandó a estos 12 trabajadores a su casa a mediados del pasado mes de septiembre por las malas condiciones que presentaba la oficina en la que realizaban sus funciones, un habitáculo destartalado que cedió la Abogacía del Estado en C/ Marqués de la Ensenada con numerosos desperfectos (baños en pésimas condiciones, goteras, baldosas que se caían) y espacio claramente insuficiente.
Desde entonces, estos trabajadores, entre los que hay traductores de francés, inglés, alemán, árabe o rumano, se encuentran sin realizar función alguna, mientras que las traducciones para los casos que se siguen en la Audiencia Nacional las realiza desde entonces la empresa externa Ofilingua, la cual, aunque se desconoce el contrato que tiene con la Administración Central, cobra 26 euros por folio traducido en comunidades autónomas en las que opera.
Es decir, mientras esta situación se alargue en el tiempo se estará incurriendo en un sobrecoste innecesario con dinero público, ya que se estará pagando a unos empleados públicos que en la actualidad están sin trabajar por cuestiones ajenas a su voluntad y, al mismo tiempo, se estará pagando a una empresa externa por unos servicios que no tendría que estar realizando si la plantilla existente de traductores de la Audiencia Nacional tuviera una oficina en condiciones.
CSIF también denuncia que la Audiencia Nacional está “mareando” a este colectivo de trabajadores, al que ha enviado a diferentes oficinas en los últimos seis años (en las calles Luis Cabrera, Miguel Ángel, Génova y Marqués de la Ensenada) con la promesa de que acabarían en el edificio de la Audiencia Nacional una vez finalizaran las obras. Sin embargo, el nuevo edificio de la Audiencia fue inaugurado hace tres años y la sorpresa fue que allí no había espacio para los traductores, pese a que existen áreas, como la de Fiscalía, en la que sobran muchos metros cuadrados.
En su peregrinación por distintas oficinas en los últimos seis años, los traductores de la Audiencia Nacional se han encontrado con situaciones esperpénticas como la vivida en la sede de C/ Luis Cabrera, donde les juntaron con otros colectivos que poco o nada tenían que ver con el suyo. En esas condiciones, el trabajo para estas personas, que si algo necesitan para desarrollar su labor es silencio, se hacía imposible.
CSIF también quiere hacer un llamamiento a la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, al saber de primera mano que en el edificio de esta sede judicial en la calle Génova hay —o ha habido— espacio suficiente para ubicar a estos 12 traductores. Por ejemplo, hasta hace poco había dos oficinas vacías en la Audiencia, una destinada a formación y otra para una biblioteca que nunca se llegó a constituir. Tras esta infrautilización, la formación la llevaron al espacio pensado para biblioteca, mientras que la antigua aula de formación se convirtió en sala de vistas.

Por todo ello, CSIF urge al Gobierno de Pedro Sánchez a buscar una solución urgente para este maltratado colectivo, cuya situación, lejos de mejorar tras la llegada del nuevo Ejecutivo, ha empeorado de manera ostensible.

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