22 de Marzo de 2018
CARMEN VELA: SEIS AÑOS PERDIDOS PARA LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA
La gestión de la ciencia en España, competencia de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, arroja, tras 6 años en el cargo, un balance desalentador: parálisis de la ciencia y precariedad en el empleo de nuestros investigadores.
Tras conseguir una Ley de la Ciencia (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) ampliamente reclamada por la comunidad científica española, y ampliamente consensuada en el Parlamento, la persona responsable de su aplicación y desarrollo desde su entrada en vigor, Carmen Vela (que tomó posesión de su cargo en enero de 2012), no ha sido capaz de desarrollar ninguno de los aspectos básicos que dicha Ley le encomienda. Entre los incumplimientos de la Ley, cabe destacar que:
1. La Ley obliga a unificar las retribuciones de todo el personal investigador al servicio de la Administración Pública en España mediante la elaboración de un Real Decreto su desarrollo.
Sin embargo, Carmen Vela no ha elaborado esa norma necesaria para regular las retribuciones de dicho personal, por su nula voluntad y capacidad de negociación. Después de 6 años, hemos llegado a un panorama en el que los sueldos de los investigadores públicos peligran (algunos pueden ver reducidas sus retribuciones significativamente, ya que se pretende no reconocer períodos amplios de su carrera profesional), sus derechos profesionales no están reconocidos en su integridad y, como consecuencia, la motivación de estos trabajadores es cada día menor.
2. Esta situación ha provocado la fuga de investigadores de alta cualificación, y el retroceso en la investigación en campos básicos como el médico o el tecnológico.
El citado Real Decreto debió entrar en vigor el 1 de enero de 2014. A día de hoy la negociación está siendo demorada y adulterada por Carmen Vela. Se negocia con entidades y asociaciones afines que nada tienen que ver con la representación legal y los procedimientos establecidos en las leyes laborales españolas. Se incumplen los preacuerdos y de esta manera se dilata en el tiempo el proceso negociador, que debería haber finalizado hace más de 4 años.
Además, se está desinformando a los investigadores, instándoles a adquirir sus derechos laborales por vías distintas a la única que establece la Ley de la Ciencia, que es el citado Real Decreto, lo que está originando una excesiva judicialización en este ámbito.
3. No se ha desarrollado el Estatuto del Personal técnico y de apoyo a la investigación, imprescindible para una investigación eficaz y de calidad.
4. Tampoco se ha finalizado la regulación del personal que inicia su carrera investigadora tras finalizar sus estudios universitarios e iniciar sus tesis doctorales, que constituyen el eslabón más débil del sistema. Se demora inexplicablemente el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).
Este personal se ha visto obligado a promover movilizaciones para defender sus condiciones laborales, debido a la falta de acción de la sra. Vela.
5. La gestión económica y de personal de la investigación en España es tan deficiente que se están produciendo situaciones en las que los investigadores se ven obligados a devolver parte de la financiación recibida tras duros procesos competitivos, tanto nacional como europea.
Además, se ponen en riesgo los compromisos científicos adquiridos con otros países socios.
Especialmente negativa está resultando su gestión al frente de los Organismos Públicos de Investigación, que preside, a los que está llevando a una situación de ahogo financiero e inanición técnico-científica, y casi de irrelevancia.
Por todas estas razones CSIF considera que ha llegado el momento de un relevo al frente de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Cada día que pasa Carmen Vela al frente de la misma, es un día perdido.
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