Las Administraciones Públicas perdieron 320.200 empleos en lo que va de legislatura

Las Administraciones Públicas perdieron 320.200 empleos en lo que va de legislatura

- La sanidad y la educación pierden 116.000 efectivos, mientras las empresas públicas se desprenden de apenas 11.700 personas

- CSIF exige que se cubran todas las jubilaciones y un plan de recursos humanos para reforzar las áreas prioritarias y los servicios públicos

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora de manera positiva, como no puede ser de otra manera, el descenso en el número de parados publicado hoy, porque se alivia la situación de dificultad de muchas familias. 

 

No podemos estar satisfechos hasta que no se consolide con claridad una tendencia positiva y estructural en la creación de empleo de calidad y estable, acorde a las necesidades de nuestro país.

En lo que se refiere a las administraciones públicas, CSIF advierte de que a dos meses del final la legislatura (entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2011) se han perdido un total de 320.000 empleos, lo que da una idea del deterioro de los servicios públicos que hemos sufrido durante esta crisis económica.

 

Esta pérdida de empleo ha sido generalizada en el conjunto del sector público, aunque, como muestran los últimos datos de la EPA, el recorte en empleos ha tenido diferentes grados en función de las administraciones y ámbitos.

 

Así, la principal pérdida de puestos de trabajo se ha producido en las administraciones autonómicas (-189.400), seguido de los ayuntamientos (-62.500), la Administración Central y Seguridad Social (-43.700 y -9.500, respectivamente) y por último las empresas públicas, con una pérdida de 11.700 empleos.

 

Este último dato, contrasta con el deterioro que se ha producido en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar como la Educación y la Sanidad, con 116.000 empleos perdidos (66.000 en sanidad y servicios sociales y 50.000 en nuestras escuelas y universidades).

 

Por este motivo, urge realizar cuanto antes un plan de recursos humanos que priorice en las políticas de empleo aquellas áreas más deficitarias y fundamentales para los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos. 

 

Además, se deben cubrir todas las jubilaciones que se produzcan, con una tasa de reposición del cien por cien. El próximo Gobierno que decidan los ciudadanos tiene por tanto mucha tarea por delante para recuperar los niveles de cobertura y prestación de servicios previos a la crisis económica. 

 

Por otra parte, desde principios de 2013, la tasa de temporalidad en la administración se ha disparado hasta alcanzar el 22 por ciento, con 658.000 trabajadores temporales, mientras que hace dos y medio años esta cifra se situaba en 559.700. 

 

El Gobierno está realizando una reestructuración de nuestro modelo de administraciones públicas, mediante la eliminación de puestos de trabajo del personal que se jubila (como ocurre en la Administración Central, con una plantilla muy envejecida, y único sector que destruye empleo) y la creación de plazas temporales y precarias.

 

La sociedad no se puede permitir prescindir en tiempos de crisis del personal que mantiene nuestros  servicios, como la sanidad, servicios sociales, la educación, personal administrativo (sin ir más lejos en las oficinas de empleo) o en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.