CSI-F exige garantías para la estabilidad de los empleados públicos y de calidad de los servicios que reciben los ciudadanos

CSI-F exige garantías para la estabilidad de los empleados públicos y de calidad de los servicios que reciben los ciudadanos

 

Los trabajadores no aceptarán la modificación unilateral de las condiciones de trabajo
 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, reclama la convocatoria urgente de una ronda de consultas con los sindicatos sobre esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

CSI-F, reconoce aspectos positivos de la Ley para racionalizar el gasto público, la eliminación de duplicidades y la mejora de la eficiencia, la profesionalización y despolitización de las Administraciones o el regreso del cuerpo de secretarios e interventores a las competencias del Estado. 

No obstante, hay muchas medidas que despiertan nuestra preocupación - dado los antecedentes de este Gobierno en materia de recortes, destrucción del empleo y amortización de plazas. Otras nos parecen claramente insuficientes: 

1. CSI-F manifiesta su preocupación porque el proyecto de Ley  modifica cuestiones fundamentales que afectan de manera troncal a las condiciones laborales de mas de medio millón de empleados públicos que trabajan en el ámbito de la administración local, así como la gestión, la calidad y la ordenación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
2. CSI-F lamenta que el Gobierno no haya trasladado ni consultado estas modificaciones con los representantes de los trabajadores, lo que demuestra una falta de sensibilidad hacia el diálogo social.
3. CSI-F no aceptará la modificación unilateral de las condiciones de trabajo.
4. CSI-F reclama firmes garantías sobre la estabilidad de los empleados públicos.
5. CSI-F exige garantías sobre la calidad y el carácter público de materias como la sanidad, educación o los servicios sociales que se prestan a los ciudadanos.
6. El Proyecto de Ley en su actual redacción, deja la puerta abierta a la privatización de los servicios y vacía de contenido más del 90 por ciento de los Ayuntamientos, para dárselo a las Diputaciones que recordemos, no son elegidas por los ciudadanos.
7. CSI-F considera preciso delimitar el papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. CSI-F entiende que el Gobierno debe delimitar con claridad meridiana que servicios públicos deben prestar las administraciones directamente a través de los empleados públicos y cuáles a través de otras formas de gestión. Es decir qué deben y que no deben hacer las Administraciones Públicas.
8. En materia de retribuciones, la escala de mínimos y máximos que contempla el Gobierno debe contemplar en todo caso la capacidad de negociación colectiva: La FEMP para los aspectos de carácter estatal, las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y cada entidad local en la aplicación de las condiciones particulares de trabajo de los empleados públicos de su competencia. No vamos a aceptar que el Gobierno realice una nueva rebaja generalizada de retribuciones en el ámbito local, por la puerta de atrás y sin negociación.
9. CSI-F considera que siguen sobrando figuras interpuestas y politizadas creadas a dedo en los últimos años. Es urgente simplificar y homogenizar la estructura administrativa.
10. La reducción de asesores ahora propuesta por el Gobierno, tras pedirla insistentemente por nuestro sindicato es aún insuficiente, para afrontar el grave problema de derroche y gastos superfluos que afecta a nuestra administraciones.

 En definitiva, CSI-F sigue echando en falta un verdadero pacto de Estado por las Administraciones Públicas para que el modelo de gestión y las condiciones de los empleados públicos no esté al vaivén de los diferentes cambios de Gobierno.