CSI-F
se mantendrá vigilante para que la reforma no perjudique a las políticas
sociales ni a los puestos de trabajo
El Consejo de
Estado ha lanzado una advertencia al Gobierno porque su reforma de las
administraciones públicas implica “una concentración de medidas de supresión de
órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas
sociales”. Por ello, esta institución señala la conveniencia de “velar porque
estas reformas no supongan una minoración del cumplimiento de los fines
atribuidos a estos órganos”.
Este aviso consta
en un informe al Proyecto de Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa
que acaba de llegar al Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones
públicas, velará para que no se vea mermada la prestación de los servicios y
políticas afectados por esta reforma, en ámbitos como la protección de los
consumidores, la salud de la mujer, la juventud, la evaluación de la
investigación, las universidades o el Plan Nacional sobre Drogas.
En todo caso,
CSI-F, sindicato que participó en el Consejo Asesor para la reforma de las
administraciones públicas, considera que el contenido del proyecto de Ley es
decepcionante porque no afronta una reforma integral que garantice el
futuro y la viabilidad de las Administraciones Públicas y no recoge ninguna
medida que favorezca a los empleados públicos, pese a que son garantes y
principales actores en la prestación de los servicios que reciben los
ciudadanos.
Tal y como advierte
el Consejo de Estado en el informe de la norma, el título de la Ley, de
entrada, es excesivo y no se corresponde con el contenido. El Gobierno realiza
fusiones y supresiones muy puntuales y sesgadas de organismos y pierde la
oportunidad de hacer la reforma integral que necesitan las Administraciones
Públicas.
Para empezar, tal y
como recomendó CSI-F en el Consejo Asesor para la reforma de las
Administraciones Públicas, El Gobierno debería haber realizado un catálogo de
servicios públicos para discriminar lo importante de lo accesorio en el gasto
público.
Además, se hace preciso un plan de recursos humanos para determinar las necesidades reales de personal en todos los ámbitos de las administraciones públicas y reforzar las plantillas allí donde sea necesario con convocatorias de empleo público. CSI-F iniciará una ronda con los grupos parlamentarios para que incluyan en la norma esta disposición.
En este sentido,
CSI-F se mantendrá vigilante para que la supresión de organismos no suponga la
pérdida de empleos, tal y como nos han trasladado los responsables de los
diferentes departamentos afectados.
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